El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con los representantes de la iniciativa privada y el sector obrero sobre el outsourcing, que contempla mejorar la iniciativa enviada por el Ejecutivo, por lo que pidió a los legisladores aplazar la discusión y aprobación de la reforma que envió a San Lázaro.
En La Mañanera, el mandatario sostuvo que accedió a las solicitudes de diálogo con estos sectores para llegar a un acuerdo total, poniendo por delante el interés general y el beneficio del desarrollo del país.
“Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar el proceso de consulta, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se discuta. Ya no va a haber tiempo, eso se va a notificar y pedir respetuosamente al Congreso, para que nos esperen, de modo que la iniciativa pueda ser mejorada, enriquecida con este diálogo”, declaró.
Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, comentó que este acuerdo es una muestra de la voluntad del gobierno de avanzar, con la seguridad que resolver las diferencias será para beneficiar a los trabajadores y empleadores de todo el país. Además, dio a conocer que el documento se integra de cuatro acuerdos:
- Las partes se comprometen a resolver el abuso de subcontratación, las empresas iniciarán el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley.
- El reparto de utilidades será planteado con la iniciativa de no subcontratar. No quedará definido ni debatido, se necesita una discusión abierta para definir el sistema de reparto de utilidades justo y equitativo y se evite la discrecionalidad. Se iniciará proceso de consulta para ser resuelto previo a la iniciativa.
- Ante la envergadura, las empresas solicitaron un plazo, por lo que se solicita al Legislativo posponer para febrero de 2021 la discusión de la iniciativa, la cual se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse.
- Un llamado a empresas que manejan nóminas, para que dejen de desarrollar prácticas perjudiciales, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal y, de encontrarse irregularidades o delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.
Fuente: Milenio
