El informe de resultados de la Cuenta Pública Federalizada de 2019 revela que la Secretaría de Salud de Veracruz, presenta un presunto daño patrimonial a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por mil 963 millones 566 mil 675 pesos.

Entre sus promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, los auditores hacen hincapié en más de mil trabajadores matriculados en nómina que no fueron encontrados en su centro de trabajo, traslados irregulares en cuentas bancarias, así como inconsistencias en los contratos para la compra de medicamentos a un empresario jalisciense.

El dictamen concluyente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remarca que el gobierno del estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas.

“El gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el ejercicio de 382 mil 100 millones 130 mil 06 pesos; sin embargo, persiste un importe por mil 963 millones 186 mil 921 pesos sin solventar de acuerdo a la normativa”, puntualiza.

El 5 de junio de 2019, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, estalló contra políticos de oposición y prensa, quienes cuestionaban al gobierno de Cuitláhuac García, primero por el desabasto de medicamentos en los hospitales de Veracruz y luego por la adjudicación directa y un contrato de 36 millones de pesos a una empresa señalada por irregularidades.

“No había medicamentos, y con toda la razón estaba la demanda… llegan los benditos medicamentos y ahora: ¿que dónde los compró? Como ciudadano yo diría: ningún chile les embona”, dijo irritado.

A partir de ese exabrupto, Ramos Alor no volvió a dar entrevistas en año y medio; por la pandemia de coronavirus, que en Veracruz se encamina a las cinco mil defunciones, el funcionario de la Secretaría de Salud sólo graba todos los días en la noche un escueto mensaje de estadísticas y recomendaciones sanitarias, que se transmite por Radio Televisión de Veracruz (RTV).

En el pliego de observaciones de la ASF, el folio 2019-A-30000-19-1296-06-001 señala que la Hacienda Pública Federal exige un reintegro por el orden de los mil 963 millones 186 mil 921 pesos/ 56/100 M.N., más los rendimientos financieros que se generen, pues existe falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite que dichos recursos se comprometieron o devengaron al 31 de diciembre de 2019 y que, pese a una solicitud expresa de la Tesofe, no fueron pagados al 31 de marzo de 2020.

En esa misma observación, en el punto 24, la ASF reprocha que la entidad fiscalizada (Secretaría de Salud) no proporcionó la evidencia documental y justificativa, ni la validación de mil 40 servidores públicos que acredite que se encontraron en sus lugares de adscripción y realizaron actividades relacionadas con la prestación de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019. El daño patrimonial por esta observación es por 295 millones 782 mil 600 pesos, pues se cayó en un incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En la observación con el folio 2019-A-30000-19-1296-06-002, la ASF encontró un probable daño o perjuicio por 55 mil 600 pesos, al identificar “pagos en exceso” que corresponden a cuatro prestadores de servicios, toda vez que percibieron un sueldo mayor al contratado y/o no se presentó contrato.

En el periodo de solventación, la Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que soporta los pagos realizados.

En cuanto a las adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos, la auditoria número 1296-DS-GF exhibe que tras un análisis exhaustivo no encontraron auxiliares contables, presupuestarios, ni de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, tampoco de deudores diversos, inventarios, almacén, bienes muebles e inmuebles, activos intangibles, cuentas por pagar (proveedores, acreedores diversos, etc.), ingresos (en sus distintos momentos presupuestarios: estimado, modificado, devengado y recaudado), rendimientos financieros generados y los recibidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por lo que la propia ASF se encontró limitada para verificar los porcentajes presupuestales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Seguro Popular.

En el folio de observación 2019-B-30000-19-1296-08-010, la ASF emite una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General del estado de Veracruz realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si en la adquisición de medicamentos –contrato de más de 30 millones de pesos–, bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente.

En cuanto a las adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del estado, no encontró evidencia de la adquisición de Unidades Médicas realizadas con recursos federalizados.

En ese mismo tenor, la entidad fiscalizadora se encontró limitada para verificar si la Secretaría de Salud adquirió en 2019 medicamentos controlados o de alto costo con recursos del programa, y si se contó con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario final.

En el resumen de observaciones y acciones se determinaron 48 resultados, de los cuales en 19 no se detectaron irregularidades y siete fueron solventados por la entidad fiscalizadora antes de la emisión del informe. En los 22 restantes se generaron 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.

En Veracruz ha habido protestas constantes de familiares con enfermos de cáncer, quienes se quejan del desabasto de medicamentos, pero también de la falta de quimioterapias; otras manifestaciones recurrentes han sido las de los enfermos de VIH, quienes critican que tampoco hay un surtido eficiente de retrovirales.

Fuente: Proceso