Los puertos de Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Altamira y Topolobampo tienen cuentas pendientes con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por casi 234 millones de pesos de pagos indebidos en obras públicas en sus instalaciones, que representan el 91 por ciento de los 256 millones de pesos por aclarar en 10 de los 17 puertos federales.

Los cuatro mencionados destacan por tener los montos más elevados, por contratos que terminaron pagándose en exceso, considerados un presunto daño patrimonial: Lázaro Cárdenas debe 93.3 millones de pesos; Mazatlán, 87.8 millones; Topolobampo, 27.8 millones y Altamira, 25 millones.

Las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) de Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, Progreso, Tuxpan y Veracruz también aparecen en los registros de la ASF con montos por aclarar, los cuales son mínimos, pues van de los 400 mil a los 11 millones de pesos.

Cambios repentinos de contratos

La mayor parte de los recursos pendientes por aclarar provienen de pagos entregados de manera indebida por trabajos de dragado.

En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la ASF encontró irregularidades al fiscalizar el uso de los recursos federales de la Cuenta Pública 2015 para la ampliación de canales y dársenas.

De acuerdo con lo descrito en la Auditoría de Inversiones Físicas 405-DE, algunas de esas irregularidades fueron la falta de recuperación de pagos adelantados a una empresa a la que después le rescindió el contrato, la adjudicación directa sin explicación de otra empresa para que concluyera los trabajos que dejó pendiente la primera, pagos de trabajos no realizados, entre otras.

La obra primero fue adjudicada en una licitación pública internacional al grupo formado por las empresas Productos y Estructuras de Concreto S.A. de C.V., y Construcciones José S.A. de C.V.

El contrato fue por 643 millones 373 mil 600 pesos por trabajos que irían del 23 de julio de 2013 al 15 de julio de 2015, pero 15 días antes de vencerse el plazo, el 30 de junio de 2015, el puerto rescindió el contrato.

Sin embargo, la ASF no halló evidencia de que el importe del anticipo entregado a ese grupo de empresas, por 22 millones 457 mil pesos fuera reintegrado por la contratista, por lo que se consideró un daño patrimonial.

Los trabajos pendientes se concluirían con un contrato que se asignaría en un procedimiento de invitación cuando menos a tres proveedores, emitida el 24 de agosto, pero éste se declaró desierto el 28 de agosto de 2015.

El puerto solicitó cotizaciones a dos empresas: Dragamex S.A. de C.V., y Mexicana de Dragados S.A. de C.V. y en tres días, el 31 de agosto, decidió darle a Dragamex S.A. de C.V., la adjudicación directa del contrato, por 429 millones 948 mil 600 pesos y un plazo de 113 días naturales, comprendidos del 9 de septiembre al 30 de diciembre de 2015.

Otros 15 millones 131 mil 751.63 pesos fueron considerados como daño patrimonial porque se pagó un volumen de dragado excesivo por un supuesto mal cálculo, mientras que otros 68 millones 516 mil 165.71 pesos se pagaron de más porque correspondieron a trabajos no realizados por la empresa a la que se le rescindió el contrato y cuyo monto no se recuperó.

En esa ocasión, se determinaron recuperaciones probables por 106 millones 105 mil pesos, que se sumaron a 5.4 millones de pesos de otro saldo pendiente por aclarar de una auditoría de 2014, que en total dieron 111 millones 800 mil pesos de recursos por aclarar.

A la fecha, según la base de datos de la ASF, se han aclarado 18.4 millones y hay un procedimiento resarcitorio en proceso por 24.8 millones, por lo que quedan pendientes 93.3 millones de pesos por recuperar.

Malos cálculos, materiales dañados…

En la API de Mazatlán, en Sinaloa, se detectaron, en una auditoría de 2013, pagos en exceso por 87.8 millones de pesos por un supuesto mal cálculo de los volúmenes que serían extraídos del canal para aumentar su profundidad.

El proyecto fiscalizado fue el Dragado del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga en el Puerto de Mazatlán, en la Auditoría de Inversiones Físicas DE-091, mediante el cual el puerto requirió dragar el canal de navegación a una profundidad de 15.24 metros para que los barcos puedan zarpar a plena carga y competir con otras terminales marítimas.

Además, se requirió ampliar el área del muelle de transbordadores para que puedan arribar barcos turísticos.

El contrato se adjudicó mediante licitación pública internacional a la empresa Dragamex S.A. de C.V. con un periodo de ejecución desde el 21 de octubre al 31 de diciembre de 2013, pero se estimó un pago sin contar con los datos correctos del volumen que iba a extraerse del canal.

El puerto autorizó el pago de 87 millones 823 mil 600 pesos sin contar con los documentos que los respaldaran.

“En el dragado se consideraron volúmenes de materiales que no se encontraron físicamente en obra”, concluyó la ASF.

En Topolobambo detectaron pago improcedente de más de 25 mdp

En Topolobampo, Sinaloa, se fiscalizaron en el año 2018 los trabajos para la reparación de daños y mantenimiento general de la infraestructura portuaria y al muelle de transbordadores, así como el suministro y colocación de defensa en el muelle 2.

La ASF detectó un pago improcedente de 25 millones 897 mil 700 pesos por el suministro de tubos de acero que difieren de lo especificado en el catálogo de conceptos e identificó que se pagaron indebidamente un millón 909 mil 4oo pesos por tubos dañados.

Asimismo, hubo pagos indebidos de un millón 701 mil 800 pesos por el suministro y colocación de una barrera antiturbidez porque se pagaron 350 metros y únicamente fueron colocados 189.60 metros.

Otro pago indebido fue el de 156 mil 200 pesos por la diferencia entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos conceptos de los contratos de obra pública.

Más de 25 mdp por aclarar en Altamira

En el puerto de Altamira, Tamaulipas, donde hay un monto por aclarar por 25 millones de pesos, la irregularidad más grande que detectó la ASF en una auditoría de 2009 fue por 21 millones 581 mil 973.21 pesos por diferencias en el suministro, acarreo y colocación de piedra natural en las capas de núcleo, secundaria y coraza de la escollera.

Del resto de puertos con cuentas pendientes, el de menor monto por aclarar es Ensenada, que debe 400 mil pesos, mientras que el de monto más alto es Veracruz, con 11.3 millones de pesos pendientes por explicar.

Guaymas debe 3.7 millones de pesos, y Coatzacoalcos y Tuxpan, 500 mil pesos, cada uno.

Fuente: Milenio