El diputado Rubén Ríos Uribe presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 328 del Código Penal de Veracruz, con la finalidad de incrementar las penas y multas en aquellos servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito, además de ampliar el catálogo de cargos, que no siendo servidores públicos, estarían sujetos al escrutinio de este delito.

En este sentido, la propuesta señala que la pena para quienes cometan en esta violación a la normativa, se incrementará a una pena de cinco a quince años de prisión y una multa hasta de mil Unidades de Medida de Actualización (UMA’S).

Además, se incluirá a quienes en ejercicio de su empleo, y no siendo servidores públicos, pero tenga responsabilidad frente al Estado o Municipio, ostentando cargos honoríficos estatales o municipales, se encuentren entre los sujetos fiscalizables de este delito, toda vez que pudieran desviar recursos en beneficio propio o ajeno el erario público, o aplicarlos de forma distinta para lo que fueron destinados.

Asimismo, el texto propone, que a quien devuelva de manera voluntaria los bienes públicos, se le podría disminuir la pena hasta por dos terceras partes.

De esta forma, continúa la iniciativa, “la corrupción amenaza la democracia, por lo que cada vez más se hace imperiosa la necesidad no sólo de prevenir o castigar este tipo de prácticas corruptas sino también la de recuperar esos fondos expoliados”.

De ahí la importancia de tipificar este tipo de delitos con la finalidad, de que los funcionarios públicos no aumenten sus bienes e ingresos que no sea compatible con sus legítimos ingresos en concepto de remuneración y cuya procedencia no pueda justificarse razonablemente.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.