El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mediante el cual se autorizan las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Organismo Público Local Electoral del estado (OPLE), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.

De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.

Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.

Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.

La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.

En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.

Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.

Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.

Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.