La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la detención de Alberto Bazbaz, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de Presidencia, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, pero el juez se las negó.
Como sucedió con la petición de la acción penal contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, a quien la FGR acusó de traición a la patria, los otros dos operadores jurídicos del gobierno anterior libraron el proceso que pretendía iniciarles la fiscalía ante la valoración del Poder Judicial de insuficiencia de elementos para iniciarles una causa.
Desde 2019, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, reveló que tenía elementos para solicitar a la FGR una investigación contra ellos, como al menos 722 particulares y compañías que acusan fueron extorsionados entre 2014 y 2018.
Los ‘Chapos’ jurídicos
En el sexenio pasado, dentro del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el extitular de la UIF y del Cisen, Alberto Bazbaz, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, eran conocidos como Los Betos.
Sin embargo, para empresarios y políticos eran conocidos como Los Chapos jurídicos, pues crearon un equipo de extorsión y enriquecimiento ilícito bajo amparo del gobierno federal.
De acuerdo con las indagatorias, el esquema de extorsión iniciaba en la UIF que encabezaba Alberto Bazbaz, quien congelaba cuentas de empresarios y políticos por «sospecha de lavado de dinero». El también extitular del Cisen enviaba los nombres de las víctimas al consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien a través de sus despachos los contactaba para ofrecerles sus «servicios legales» y «ayudarlos desde Los Pinos».
Según las investigaciones, a quienes no accedían a contratar los servicios legales se les amagaba con que se abriría una indagatoria en su contra en la PGR, donde Alberto Elías Beltrán era subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y más tarde, a la salida de Raúl Cervantes, quedaría como encargado de despacho.
De acuerdo con Santiago Nieto, no hay registros en la dirección de Procesos Legales de la UIF de las cuentas congeladas por Bazbaz.
Otra de las formas de extorsión por parte de Los Betos era que a través del SAT vendían «seguros de protección», para que empresarios evadieran impuestos.
Otro exfuncionario del sexenio anterior cuyos pasos sigue la FGR, pero que no ha caído, es David Penchyna, como ha ocurrido con todos los implicados por Emilio Lozoya en su denuncia con motivo del criterio de oportunidad que acordó con la FGR a cambio de no proceder en su contra por haber recibido 4 millones de dólares de Odebrecht.
Aunque ninguno ha acudido a declarar, Lozoya Austin señaló un entramado de complicidad y corrupción integrado por Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.
Fuente: Milenio
