La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas, por el presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada ‘Estafa Maestra’.
Se trata de Rafael ‘N’, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto ‘N’, secretario administrativo de la institución, quienes ya fueron requeridos para una audiencia de imputación.
Los presuntos implicados en el delito iban a comparecer esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el coronavirus, la audiencia fue postergada para después del 20 de abril.
Según informes del PJF, será el primer caso en el que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores solo ha imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.
El caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre del 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.
La Universidad debía entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusiva y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.
En marzo y abril de 2016, la dependencia federal pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Bajo el argumento de que no tenía tiempo suficiente para un procedimiento, la UPCH subcontrató los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona consultores Profesionales y Especializados S.C., por un monto de 81 millones 642 mil 800 pesos.
Dicha empresa cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, el 56 por ciento de los recursos que recibió de Sedatu.
Fuente: Reforma
