La Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca reportó 50 municipios cercados en sus entradas y colindancias, para prohibir el derecho de tránsito, entre otros, a aquellas personas que –desde criterios subjetivos— podrían ser portadores del patógeno Covid-19.
A través de la conciliación, el órgano autónomo trata de acercarse a aquellas localidades cuyo impacto en el posible cierre de sus límites podrían generar conflictos entre municipios vecinos, “a partir de que algunos se localizan en cabeceras distritales regionales y jurisdicciones sanitarias”, expuso el titular de la Defensoría, Bernardo Rodríguez Alamilla.
Informó que el organismo a su cargo inició igual número de Cuadernos de Antecedentes respecto a los cercos implementados por autoridades municipales, algunas electas por el sistema de Usos y Costumbres, a las cuales se les ha requerido información sobre las medidas adoptadas de forma integral para proteger la salud de sus ciudadanas y ciudadanos.
El reporte preliminar de la Defensoría del Pueblo documenta del 30 de marzo al 10 de abril las medidas municipales adoptadas durante el blindaje de sus respectivas demarcaciones, con la presunta finalidad de frenar el avance del coronavirus.
Durante este periodo el órgano registra a los municipios que han prohibido la entrada a conciudadanos residentes en otras entidades o en Estados Unidos, pero regresaron a su lugar de origen obligados por la cuarentena, así como salida de sus residentes a otras del parte de Oaxaca o el país.
Hay actos de retención, aislamiento y asedio a trabajadores de la salud; cierre unilateral de los hospitales rurales; persecución y exhibición pública de pacientes enfermos; prohibición de servicios o venta de alimentos a familiares de pacientes presuntamente positivos de Covid-19.
La Defensoría solicitó a las autoridades locales implementar acciones para contener la pandemia con sustento legal, objetivamente necesarias según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos, respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen, además de evitar ser espontáneas, arbitrarias o discriminatorias.
Entre los casos registrados por la Defensoría del Pueblo está la negativa del personal médico del Hospital Regional de San Pedro Pochutla, en la región Costa, de recibir a un paciente presuntamente positivo de Covid-19, procedente del Hospital Básico Comunitario de Santa María Huatulco.
La noche del pasado nueve de abril fueron los médicos quienes convocaron a los habitantes del lugar a bloquear la entrada al municipio pochutleco, incluso usaron una ambulancia que atravesaron en la vía pública, mientras que otros usaron su automóvil para obstruir la entrada al área de urgencias del nosocomio público.
El listado de municipios incluye a los pueblos Mágicos como Capulalpam de Méndez, localizado en la Sierra Norte, que impuso “toque que queda” de las 21:00 a 06:00 horas.
También contempla la retención de una decena de trabajadores de Hospital Rural IMSS-Bienestar, en el municipio de San Idelfonso Villa Alta, por orden de la autoridad municipal quien determinó cercar el pueblo “como medida de prevención para evitar posibles contagios de Covid-19”.
Fuente: Excélsior
