Las revisiones de las cuentas públicas de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de 2006 a 2018, revelaron un ‘hoyo’ en los recursos de los fideicomisos, con observaciones por subsanar que superan los 32 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
Al menos dos terceras partes de los montos observados, 21 mil 566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencias o desastres naturales como huracanes y los sismos de 2017 que afectaron el sur y centro del país.
La ASF también realizó observaciones al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y diferentes fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por una suma de poco más de 11 mil millones de pesos.
Además, la regulación y supervisión del proceso de entrega y ministración de apoyos del Fonden, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), “presentó problemas de oportunidad, ya que previo a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 no existía normativa que regulara la atribución de la Banca de Desarrollo para la distribución de apoyos en caso de fenómenos naturales”, explica la auditoría.
La Auditoría Superior de la Federación señaló que no se contó con un mecanismo de control, que permitiera a las autoridades comprobar que no hubo duplicidades en el otorgamiento de financiamiento para la reconstrucción de 2017.
El documento señala que para la cuenta pública de 2018, la ASF concluyó que con relación a la gestión financiera de los recursos autorizados al Fonden 2003, en términos generales las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, y Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional del Agua, los institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos, coordinados por la SEP y Banobras “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables a la materia”.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo entre 2012 y 2018 una partida de 14 mil 448 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales, pero de acuerdo con revisiones en terreno, no se pudo comprobar la reparación total de las casas dañadas por algún siniestro en ese periodo.
Con la cancelación de 109 fideicomisos el Gobierno federal busca eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas, según se explica en su exposición de motivos.
Durante la administración de Peña Nieto se cuenta con algunos ejemplos de observaciones al dinero depositado en fideicomisos como la construcción del proyecto Playa Espíritu, en Sinaloa, en el cual el Fonatur invirtió mil 400 millones de pesos y hasta la fecha no se ha podido vender ni un solo lote.
Además, de acuerdo con los argumentos presentados por los diputados de Morena en San Lázaro, no existe información disponible sobre los rendimientos, uso o destino de 9 mil 646 millones de pesos que realizó el Conacyt mediante operaciones bancarias.
Fuente: Milenio
