En el tribunal federal de Brooklyn, el juez de distrito de los Estados Unidos, Eric N. Vitaliano, emitió un fallo que autoriza la incautación de cinco propiedades del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ubicadas en Guadalajara y demás alrededores de México, por lo que el Gobierno norteamericano «buscará hacer cumplir esta orden a través de canales diplomáticos».
En un comunicado, se detalló que estas propiedades, descritas en la denuncia de decomiso civil presentada el 11 de octubre de 2019, fueron compradas con ganancias del tráfico de drogas.
“La orden de hoy es un paso más en nuestra incansable búsqueda de justicia para las víctimas de la brutal organización de narcotráfico de Caro Quintero y especialmente para el agente especial de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena, quien fue trágicamente asesinado a manos del sindicato criminal de Caro Quintero.
Al perder estas propiedades contaminadas con drogas, nos unimos al gobierno mexicano y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en la DEA para conmemorar la vida del agente Camarena y recordar su máximo sacrificio”, declaró Mark J. Lesko, fiscal de Estados Unidos en funciones para el Distrito Este de Nueva York.
Según la denuncia de decomiso, entre enero de 1980 y marzo de 2015, el cártel de Caro Quintero estuvo involucrado en el transporte de varias toneladas de mariguana, así como kilogramos de metanfetamina y de cocaína, de México a Estados Unidos.
Como parte de su investigación, la policía supo que Caro Quintero usó los ingresos de la venta de narcóticos ilegales para comprar bienes raíces en y alrededor de su área de residencia en Guadalajara.
Caro Quintero supuestamente colocó las propiedades a nombre de miembros de la familia para ocultar su propiedad de las propiedades y el uso de ganancias ilegales para comprarlas, y para evitar que las autoridades mexicanas se las incautaran.
El capo es un prófugo de varias acusaciones en Estados Unidos y está en la lista del FBI de los 10 criminales más buscados. En abril de 2018, se abrió una acusación formal en un tribunal federal de Brooklyn que lo acusaba de liderar una empresa criminal continua y otros delitos, incluida su participación en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente Enrique Camarena.
Actualmente existe una recompensa de 20 millones de dólares proporcionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por información que conduzca a su captura.
Fuente: Milenio
