En ningún momento, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron un estudio del fondo de la reforma electoral, discutida y aprobada por los diputados que integramos la LXV Legislatura del Congreso del Estado, la que disminuía, entre otras acciones, en un 50 por ciento las prerrogativas económicas que se otorgan a los partidos políticos en la entidad.

Afirmó lo anterior, en entrevista, el diputado Raymundo Andrade, al ser cuestionado sobre la determinación de la SCJN de declarar la inconstitucionalidad de dicha reforma; la decisión de los ministros, agregó, se basó únicamente en la revisión del procedimiento legislativo y extrañamente se prestaron al juego político de esos partidos que, en su mezquindad, sólo consideraron que ya no podrían dilapidar el dinero de los veracruzanos.

La invalides de la reforma, determinada por la SCJN, destacó el legislador Raymundo Andrade, como ya lo dijo el Ejecutivo del Estado, se respetará y de no haberse echado abajo, destacó, se habrían ahorrado 474 millones 251 mil 494 pesos, al pasar de mil 182 millones 065 mil 211 pesos a 707 millones 813 mil 717 pesos.

Este ahorro, subrayó el diputado de Morena, hubiera servido para consolidar el programa de rehabilitación de escuelas y hospitales, abandonados por las anteriores administraciones; como impulsar la obra pública, que se encuentra en las mismas circunstancias; el financiamiento de los partidos políticos es excesivo, no sólo en Veracruz, sino en todo el país.

En el continente americano, agregó el representante del Distrito Local XII, sólo hay tres países en que no tienen financiamiento público los partidos políticos, uno de ellos es Estados Unidos: También, con la reforma, continuó, se pretendía reducir la estructura electoral, la que por igual resulta demasiado onerosa para el gobierno, pero la oposición sólo busca continuar recibiendo el dinero de los ciudadanos, del pueblo, para pagar sus lujos.

El próximo año habrá un proceso electoral inédito en todo el país; en Veracruz se renovarán 50 diputaciones locales y 212 ayuntamientos y es claro que la oposición no quiere perder sus privilegios, estos son más importantes para ellos que destinar los ahorros de las prerrogativas al sector salud, para su estrategia de combate a la pandemia, provocada por el Covid-19, por sólo dar un ejemplo.

Finalmente, el diputado Raymundo Andrade, señaló que su partido continuará insistiendo en el tema de la reducción de las prerrogativas de ley, para los partidos políticos, que debe acabarse con el despilfarro electoral, “ese dinero debe destinarse a cubrir las necesidades del pueblo en salud, educación, infraestructura, seguridad pública y empleo”.