Los 2.1 millones de firmas que activistas y militantes de Morena recabaron para activar una consulta popular contra los expresidentes de la República, a fin de cuentas no fueron necesarios.

La Suprema Corte de Justicia desechó hoy la solicitud de consulta popular originada en estas firmas, certificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que se trata exactamente del mismo tema de la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue autorizada desde el pasado 1 de octubre.

El Pleno de la Corte, en su última sesión del año, declaró que la segunda consulta, cuya pregunta tenía algunas diferencias con la planteada originalmente por el Ejecutivo, quedó sin materia.

«¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?», era la pregunta planteada en esta solicitud.

El 1 de octubre, por 6 votos contra 5, la Corte declaró Constitucional la materia de la consulta solicitada por López Obrador, pero reformuló totalmente la pregunta que éste había planteado.

«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?», era la pregunta que hacía el presidente.

«¿Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», fue la pregunta que redactó la Corte, en una de las decisiones más criticadas de su historia reciente.

La consulta con base en esta pregunta tendrá que ser realizada el primer domingo de agosto, no el día de la elección federal el primer domingo de junio, pues así lo ordena la Constitución, y la Corte reiteró que será necesaria la participación de al menos 40 por ciento de la lista de electores -37 millones de ciudadanos- para que el resultado vincule a las autoridades.

Fuente: Reforma