Antes de ser incluido en la extinción de fideicomisos, el Fondo de Gastos Catastróficos del extinto Seguro Popular, el cual etiquetaba recursos para la atención de enfermedades costosas en los estados, prácticamente ya había desaparecido, advirtieron expertos.
El Fondo garantizaba recursos para servicios médicos de alta especialidad y alto costo, y su propósito era que no se pusiera en riesgo la vida y el patrimonio familiar en 66 padecimientos, como cáncer de mama, cáncer cérvico uterino; cáncer en niños y adolescentes; trasplante de médula ósea; trastornos quirúrgicos y congénitos; entre otros.
“Antes de desaparecerlo formalmente, ya lo habían desmantelado y ya se había puesto en riesgo la atención de niños y mujeres con cáncer de pacientes sin seguridad social, quienes serán los más afectados porque aún no han implementado una alternativa de atención”, advirtió Octavio Gómez-Dantés, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública.
“La alternativa es la muerte o que los gastos agudicen la pobreza”, señaló el especialista.
La pasada Administración federal dejó casi 70 mil millones de pesos en ese fondo.
“No sabemos realmente cuánto del dinero del fondo se fue, si es que se fue, a los estados que firmaron el acuerdo con el Insabi. A principios de 2020 se hablaba de que todavía quedaban en el fondo alrededor de 40 mil millones de pesos”, agregó.
El martes, cuando la fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso su extinción, se calculó que aún dispondría de 30 mil millones de pesos.
Desde la creación del Seguro Popular, el 8 por ciento de su presupuesto anual se iba a ese fondo.
Sofía Charvel, directora del Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM, aseguró que gran parte del fondo se usó para la atención de la pandemia de coronavirus y que, ante la falta de reglas de operación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, se desconoce el empleo total de los recursos.
‘Que no sufran’
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que los fondos que actualmente se aplican a través de fideicomisos se distribuyan en el futuro desde el presupuesto.
“La idea principal es que los destinatarios finales de esos programas no sufran”, dijo ayer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
“Esas personas van a seguir recibiendo todo lo que tenían comprometido, nada más que van a llegar directamente a través del presupuesto, y no a través del fideicomiso”, respondió ante las dudas de legisladores de oposición.
Aseguró que las bolsas para la Atención a Víctimas y para la Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no van a recibir un peso menos, y los entes responsables van a continuar con sus actividades.
Fuente: Reforma