La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó siete entidades del país en donde existe más riesgo de intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de este año, con presiones a candidatos e incluso homicidios.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, detalló que estas entidades son: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco, en donde existe «el partido del crimen» que, mediante diferentes estrategias, está intentando incidir en la elección.
«Establecen campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian. Entre sus estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión», dijo.
El próximo 6 de junio estarán en juego más de 21 mil cargos, entre ellos 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, mil 63 cargos en congresos locales 17 mil en ayuntamientos y más de mil 900 presidencias municipales, sector en donde se percibe más riesgo.
Intimidación extorciones y secuestros
Aunque todavía faltan tres meses para que se lleve a cabo la elección, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, ya se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 asesinatos que se han concentrado en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
«En algunas regiones, el crimen designa, está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios. Tomando el control de las finanzas y extorsionan, y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores», subrayó.
La funcionaria dijo que entre las estrategias del crimen para intervenir en las elecciones están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, quema de domicilios y extorsión.
También se coluden con actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección personal y capital humano para las campañas.
Fuente: Milenio
