El Gobierno federal detectó una «estafa magistral», realizada por administraciones anteriores, a través de la contratación millonaria de servicios informáticos con empresas cercanas a funcionarios públicos, proveedores favoritos y el uso discrecional del gasto.
Por estos hechos, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional interpuso 50 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por la utilización de recursos en servicios de tecnologías de la información y comunicación que, solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, rebasaron los 40 mil millones de pesos.
Las irregularidades se registraron en contratos para bloqueo de comunicaciones, sistemas de inteligencia, seguridad de información, manejo de datos biométricos, centros de datos y de control, licencias de operación, fibra óptica, obtención y procesamiento de videos y hasta fotocopiado e impresión, informó Emiliano Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia.
Al realizar un diagnóstico, el Gobierno federal encontró desorden administrativo, ya que se usaron las partidas para «enmascarar» el gasto en tecnología y ocultarlo en rubros como sistemas administrados, integrales o de seguridad.
Además, las compras y proyectos no eran verificados, no se realizaban evaluaciones y se entregaban contratos con tráfico de influencias.
«Contratos y bases de licitación que favorecían a ciertos proveedores. En muchas ocasiones se pedían características únicas que solo una empresa podía dar. Tampoco existían cláusulas específicas de migración para poder cambiar de proveedor», indica el informe presentado ayer en Palacio Nacional.
«Contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios. Se favorecía a empresas particulares a costa del recurso público y esto fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados».
Mercado mostró ejemplos de excesos e irregularidades en el Issste, las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En este último caso se detectaron excesos en los sistemas de bloqueo de comunicaciones móviles de cárceles estatales, en los que se invirtieron 193.7 millones de dólares; en sistemas para la obtención y procesamiento de videos a distancia, con un costo de 204.5 millones de dólares, y en soluciones de inteligencia, con un gasto total de 143.9 millones de dólares.
La contratación de equipos, sistemas y software informáticos, podría haber representado hasta 10 mil 799 millones de pesos de desvío de recursos del Gobierno federal, aseguró Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia.
Tras hacer una revisión de contratos establecidos en 2018 por la administración pública con empresas proveedoras, se tuvo un total de 40 mil 485 millones de pesos y, tras la revisión de contratos, auditorías, recortes en 2019 se contrataron los mismos servicios por 29 mil 686 millones de pesos.
Esto representó un excedente de más de más de 10 mil millones de pesos.
El funcionario consideró que se trata de una estafa al erario, pues se puede estimar que los contratos se pagaron con sobreprecios.
Fuente: Reforma
