La Procuraduría Fiscal detectó en 2018 el uso de empresas factureras para el financiamiento de campañas electorales, por lo que ya se preparan las primeras órdenes de aprehensión contra quienes utilizaron este esquema.

El procurador fiscal de Hacienda, Carlos Romero Aranda, dijo que hay políticos que usaron los recursos de estos esquemas para enriquecerse y financiar campañas electorales.

En las próximas semanas, la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión y recordó que ese delito también se califica de delincuencia organizada.

“Las querellas se presentaron ante la Fiscalía General de la República, que va a llevar a cabo las investigaciones respectivas, a judicializar todas las pruebas que sean requeridas y, en su momento, se girarán las órdenes de aprehensión si acreditamos todos los delitos, que así va a ser”, reveló.

¿Cómo da con esta red de empresas factureras?

Es algo que venimos trabajando desde el comienzo del sexenio. Se han llevado a cabo diversas reformas para atacar a los grupos delictivos, la eliminación de la compensación universal, la condonación y contra empresas fantasmas, y llegar a las cabezas. Hemos trabajado coordinadamente con el SAT y con la UIF en las líneas de investigación para llegar a las factureras ya identificadas, así como con los que compraron facturas o recibieron honorarios asimilables a salarios sin pagar impuestos.

Reveló que hay 143 factureras, ¿son todas o hay más?

Hay más: esto es una prueba selectiva lo que estamos haciendo, los laboratorios de investigación que tiene el SAT nos permiten seguir la huella del dinero, de los FDIS para llegar a la cabeza de los grupos delictivos y para llegar al consumidor final.

¿Hay quienes atendieron el llamado a ponerse al corriente?

Por supuesto, ya hay varias citas. Se están acercando las empresas y las personas físicas que quieren regularizar su situación fiscal. No es que actuaron de buena fe, lo presumimos, y por eso les estamos dando la oportunidad.

¿Es el caso de la SEP o del Gobierno de Ciudad de México?

Más que nada son las personas de algunas empresas que les pagaban honorarios asimilables a salarios mediante el esquema de factureras. Las factureras le dicen: ¿Oye, le quieres pagar a tu directivo tal cantidad? No te preocupes, págalo por mí… y yo me encargo de pagar los impuestos o te los ponemos a tu favor.

“Se inventaron cualquier esquema para dar dinero libre de impuestos. La realidad es que nunca pagaban, a ellas son a las que estamos invitando a regularizarse y a los que hicieron deducibles esas facturas. El esquema para el gobierno es distinto, porque no es causante de impuesto sobre la renta, el efecto es distinto”.

De las siete querellas, ¿ya hay órdenes de aprehensión?

Las querellas se presentaron ante la FGR, que va a llevar a cabo las investigaciones, a judicializar todas las pruebas que sean requeridas y, en su momento, se girarán las órdenes de aprehensión si acreditamos todos los delitos, que así va a ser. ¿Quiénes eran? Te puedo decir que a mí me rige el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y el secreto fiscal. No puedo dar a conocer quiénes están inmiscuidos, lo que sí te puedo decir es que estamos llevando a cabo las investigaciones y así nos van a permitir, con los elementos que tenemos, llegar al beneficiario final, es decir, a la cabeza del grupo.

¿Es uno o varios grupos los que controlan las 43 empresas?

No, de estas 43 empresas las dividimos por consorcio, por grupo de factureros, es una prueba selectiva. Hay más, pero para este caso particular elegimos esas.

¿Qué tan importante es para la hacienda pública y para la 4T ir contra las factureras?

Es un problema estructural y de real transformación, porque el esquema de factureras es para desviar dinero público: la estafa maestra, todos los desvíos que hubo en los estados eran con estos esquemas; el no pago de impuestos, el lavado para desviar el origen ilícito que tenía. Acabar con este esquema es acabar con la corrupción en una gran mayoría.

“Nada más quiero poner la cifra que había determinado el SAT con varios casos que analizó; en 2018 se calcula que hubo 500 mil millones de pesos en evasión por ese rubro. Te pregunto, ¿es 10 por ciento del Presupuesto nacional? Imagínate, son recursos que podemos tener para enfrentar la pandemia, esa cantidad adicional, es delicadísimo no contar con esas cantidades; a lo mejor no es una cuestión que afecte en primera instancia o directamente, pero a la prestación de servicios, la calidad de éstos y de hospitales, ¡claro que afecta!”

¿Qué fue lo que más le sorprendió de las autoridades?

Lo primero que me sorprendió es que no hubiera ninguna investigación abierta contra ningún facturero, los asuntos que aquí había eran pequeños, de 3, 5 y 10 millones, pero únicamente por defraudación; donde había alguna omisión, nos daban vista y se presentaba la querella, pero no había montos importantes, ni grandes defraudadores ni ninguna investigación en curso.

Eso me llevó a concluir que no enviaban los asuntos por parte del SAT y con las investigaciones que hemos hecho podemos concluir que no solo no investigaban, sino que permitían o consentían la aplicación de estos esquemas. ¿Cómo explicas que en algunos domicilios fiscales hubieran 200 empresas, que fueran departamentos, casa en zonas de escasos recursos, colonias populares o terrenos baldíos? ¿Dónde están las visitas de verificación? Muchas de esas empresas liquidadas por falta de activo. ¿Dónde están los procedimientos? ¿Dónde fincaron responsabilidades? Hubo muchas omisiones que dieron lugar a que se consintieran esos esquemas.

¿Detrás de las factureras hay políticos y compadrazgos?

Te puedo decir que muchos de estos esquemas, y por lo que hemos visto en los medios, se utilizaban para campañas electorales y, obviamente, para desviar recursos públicos para enriquecimiento personal, incluso hay varios políticos en la cárcel… fueron analizados estos esquemas y con ello sujetos a proceso.

Mensaje a la ciudadanía y a quienes operan en la ilegalidad

A la ciudadanía: tengan confianza en que estamos haciendo las cosas bien y el dinero que recuperemos o la recaudación que se eleve va a ser para mejores servicios; a los compradores de facturas: dejen esa práctica, hay consecuencias graves, a partir de 2020 es prisión preventiva oficiosa y no estamos jugando. A los que compran facturas: se acabó la fiesta, ya no pueden seguir; esto ya cambio, se tiene que terminar con la defraudación fiscal y con los esquemas de factureras; la defraudación fiscal está equiparada con delincuencia organizada y así los vamos a perseguir.

Fuente: Milenio