Un grupo de diputados de Morena propuso reformas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el propósito de evitar que menores de edad se unan a la delincuencia organizada.

Lorena Villavicencio y Porfirio Muñoz Ledo indicaron que con la reforma y adición a los artículos 28 y 148 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se busca establecer las medidas conducentes para la protección, supervivencia y reintegración social de menores vinculados con la delincuencia hasta su mayoría de edad.

Los legisladores argumentaron que el uso de niños, niñas y adolescentes para actos ilícitos ha sido una práctica en la que, desafortunadamente, los grupos criminales han visto una oportunidad. Así, reclutan y entrenan a menores para participar dentro de sus operaciones.

Consideraron que los menores que han estado en contacto con el crimen organizado deben tener un especial cuidado respecto al resto de adolescentes, ya que no se pueden comparar los robos menores con  ser obligado a secuestrar, asesinar o extorsionar.

En el documento, los legisladores refirieron que de acuerdo con expertos, los niños son víctimas de secuestro, o en otros casos, sus familias fueron extorsionadas para obligarles a trabajar para la delincuencia; algunos más se unieron por miedo o por ser esta su única alternativa de empleo, en el menor de los casos, los adolescentes deseaban unirse a las bandas.

El común denominador, señalaron, es que padecen los impactos de este tipo de organizaciones; por lo que pidieron no criminalizar a los niños, pues son víctimas del sistema. Aumentar sentencias o tenerles un trato distinto supondría una revictimización.

Dentro del proyecto legislativo se argumenta que niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo en condiciones de vulnerabilidad, que se enfrenta a situaciones de desigualdad y discriminación estructural.

Por ello, es preciso que se les considere como sujetos plenos de derecho que requieren de medidas específicas de protección distintas a las de los adultos, para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades.

Los morenistas expusieron que una de las consecuencias más alarmantes del crimen organizado es el incremento de los homicidios en menores de edad en los últimos años.

De acuerdo con el Informe Alternativo sobre la Situación de Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, de la Red por los Derechos de la Infancia México, los efectos de la corrupción y la cooptación de las instancias de la administración pública por parte de los grupos del crimen organizado ha agravado la situación.

Entre los años 2000 y 2012, la tasa de muerte por homicidio en niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años pasó de 1.7 muertes por cada cien mil habitantes a cuatro muertes por cada cien mil, es decir un aumento de 235 por ciento.

Asimismo, refirieron que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enajusp 2017), hay 6 mil 891 adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, donde 82.2 por ciento de la población contaba con una medida de sanción.

A la par, la Enajusp reporta también medidas de sanción dictadas por delincuencia organizada, aunque solo representan 2.5 por ciento del total. A nivel nacional, el secuestro (34.9 por ciento), seguido del acopio ilegal de armas (23.6 por ciento), la venta de droga (17.4 por ciento), homicidio (17.2 por ciento), robo (14.7 por ciento) y extorsión (1.4 por ciento) fueron las actividades por las que más se acusó a los adolescentes.

Los diputados de Morena fundamentaron que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se aplicará a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, tengan entre 12 y 18 años de edad, y sean competencia de la federación o de las entidades federativas, en el marco de los principios y derechos en la Constitución.

Además, en la Ley se sostiene una serie de medidas para imponer una sanción a los mismos, al igual que sus derechos; pero no se establece la forma de asegurar que el adolescente se reintegren a la sociedad efectivamente.

Fuente: Milenio