La fracción de Morena en la Cámara de Diputados, presentará hoy su iniciativa de reformas para incorporar la figura del sorteo como mecanismo para la enajenación de bienes públicos, como el avión presidencial, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

La propuesta suscrita por el coordinador de la mayoría morenista en el Palacio de San Lázaro, Mario Delgado, y por el diputado Raúl Bonifaz, señala que en la actualidad «existe una gran dificultad para que la federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio y que, por sus características especiales o condiciones generales, no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal».

Plantearon, por ello, modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para agregar la figura del sorteo a las ya existentes de licitación pública, subasta, remate y adjudicación de bienes.

De acuerdo con la adición propuesta al artículo 31 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, «los procedimientos de enajenación serán los siguientes: donación, compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate, sorteo o adjudicación directa».

La iniciativa publicada este miércoles en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, prevé asimismo reformar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar con la redacción siguiente:

«Salvo los casos comprendidos en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, la venta se hará mediante licitación pública. De no lograrse la venta de los bienes a través del procedimiento de licitación pública, se procederá a su subasta en el mismo evento, en los términos que señalen las normas generales que emita la Secretaría. También se podrá enajenar bienes por sorteo».

Según la propuesta, para el caso de los sorteos no aplicarían los valores mínimos de los bienes nacionales para su enajenación determinados por la propia ley.

Fuente: Milenio