El Gobierno de Estados Unidos se negó a la liberación de Genaro García Luna, haciendo caso omiso a la petición de la defensa que temía por la vida del exsecretario de Seguridad Pública mexicano por la pandemia de coronavirus.

Para la Fiscalía, ninguna de las propuestas del abogado de García Luna tiene sustento suficiente y, dado el “inaceptable riesgo de fuga” que supone, liberarlo no debería ser una opción, como tampoco existe condición o conjunto de condiciones que le haría cambiar de opinión.

Por una parte, el Gobierno estadounidense niega rotundamente que García Luna esté dentro del grupo de “alto riesgo de muerte” por coronavirus, como defendió su abogado César de Castro, quien se encarga de representarlo todavía de oficio.

“Tiene 51 años y no tiene un problema médico crónico”, resolvió la fiscalía, argumentando que una carta de un doctor que le trató hace cinco años por un problema respiratorio causado por “la exposición a aire acondicionado […] no constituye una condición médica crónica”.

La cárcel en la que el exfuncionario mexicano está recluido, el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, tuvo un caso de coronavirus que ya fue puesto en cuarentena. A pesar de las quejas del abogado de García Luna sobre las condiciones antihigiénicas de la cárcel, que podrían convertir el centro en un foco de infección, el gobierno aseguró que nada de eso es cierto y que García Luna está “en una celda con acceso a agua caliente y jabón”.

Lo que más preocupa al gobierno de Estados Unidos es, sin lugar a duda, el alto riesgo de fuga que ven en el ex zar antidroga bajo el mandato de Felipe Calderón. “Supone un riesgo de fuga inaceptable y tiene un fuerte incentivo de huir de Estados Unidos”, básicamente porque los cargos de narcotráfico a los que se enfrenta podrían significarle una condena, según directrices de sentencia del sistema penal estadounidense, a cadena perpetua de forma automática.

García Luna está acusado de tres delitos por narcotráfico en colusión con el cártel de Sinaloa. La fiscalía estadounidense informó que su caso sigue “creciendo” en evidencias, con “numerosos testigos cooperantes, incluyendo varios ex altos rangos del cártel de Sinaloa”, que testificarían de los millones de dólares en sobornos “a cambio de protección para sus actividades narcotraficantes”.

El mayor temor que tiene Estados Unidos es que García Luna use sus supuestos lazos con “funcionarios corruptos” y con el cártel de Sinaloa (de quién habría recibido sobornos millonarios en la trama narcotraficante de la que se le acusa) para escapar a México y ahí, protegido por ellos, evada la justicia.

“Podría cruzar la frontera en carro sin enseñar ningún tipo de documento de viaje”, aseguró el gobierno estadounidense. “Es más”, añadió, “dadas las limitaciones del rastreo electrónico el acusado podría huir a México antes de que el gobierno fuera capaz de detenerlo”.

García Luna incluso podría plantearse, apoyado por la red corrupta que le ayudaría, viajar a un país donde no haya tratado de extradición con Estados Unidos. “Si el acusado fuera liberado y viajara con éxito a México, es probable que nunca enfrentara la justicia en una corte de Estados Unidos”, remató el gobierno.

“Dado que supone un riesgo extremadamente serio de fuga, una orden de detención permanente en este caso debería estar en vigor”, concluyó.

Además, el gobierno considera de nuevo muy débil e “insuficiente” el paquete de fianza presentado por García Luna, el segundo que propone para intentar salir en libertad a la espera de juicio.

A pesar de haber doblado el monto de la libertad hasta los dos millones de dólares, la fiscalía todavía considera que los inmuebles presentados como colateral no son suficientes ni aceptables, ya que podrían formar parte del patrimonio incautado en caso de ser declarado culpable. Además, la mayoría de los diez garantes no tienen los ingresos suficientes como para hacer frente a la fianza millonaria, o incluso habrían confesado al gobierno que no están dispuesto a entrar en el paquete de fianza.

La audiencia sobre fianza está prevista para este martes por la mañana en la corte del distrito este de Nueva York, en Brooklyn. Una sesión que se hará por teleconferencia, debido a las condiciones extraordinarias por el coronavirus.

Fuente: El Universal