Emilio Zebadúa González deslindó al expresidente Enrique Peña Nieto de la llamada ‘Estafa Maestra’, mediante la cual fueron desviados millones de pesos de recursos públicos, a través de dependencias federales durante ese sexenio priista.

El exoficial mayor en la Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, aseguró que la entonces titular de ambas dependencias no informó “plenamente” al titular del Ejecutivo “de los alcances y riesgos” de contratar universidades para realizar servicios, esquema que fue utilizado para desviar millones del erario.

“La Auditoría Superior de la Federación le señaló a la secretaria Robles que con los convenios de colaboración se podía afectar gravemente el patrimonio de ambas dependencias, Sedesol y Sedatu, y ello no la inhibió para dar órdenes respecto a la celebración de dichos actos jurídicos, ni la motivó a informar plenamente de los alcances y los riesgos de dicha política de contratación al titular del Ejecutivo, y demás funcionarios responsables de velar por el cuidado de las finanzas públicas del Estado mexicano”, declaró ante el Ministerio Público de la Federación.

Durante su declaración ministerial, Zebadúa González, quien busca obtener criterio de oportunidad en los procesos que se le siguen, reiteró en al menos tres ocasiones que Robles fue enterada, en su momento, por los titulares de la ASF, Juan Manuel Portal y David Colmenares, de los pliegos de observaciones y dictámenes técnicos sobre este esquema de contratación.

“Si bien la Auditoría Superior de la Federación fue sistemática e insistente en llamar la atención de la titular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, durante los plazos de 2012 a 2018, sobre las inconveniencias y posibles irregularidades jurídicas que representaba el uso reiterado de los convenios de colaboración que se derivan del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la secretaria Robles, a través de unidades técnicas jerárquicamente subordinadas a su oficina, conoció y utilizó dichos mecanismos de contratación para desviar recursos hacia la agenda extra institucional de la Secretaría, así como una agenda político electoral específica”, explicó.

Fuente: Milenio