En 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló adeudos fiscales por 279 mil 712 millones de pesos, que equivalen a los recursos de fondos y fideicomisos que el Gobierno federal destinó en 2020 a paliar los efectos de la pandemia de Covid-19. Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las causas más importantes de incobrabilidad de los créditos podrían ser corregidas.
Y es que entre los principales problemas, señala en el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2019, son la no localización de los contribuyentes y el hecho de que el SAT se demora entre dos y cinco años en comenzar a fiscalizar a quienes deben impuestos, lo que abre el espacio a la evasión del pago.
La cancelación de créditos fiscales solo se utiliza cuando, después de investigar al contribuyente, se determina que no tiene bienes propios o cuentas bancarias para pagar el adeudo. Así, según ha explicado el SAT, la cancelación no implica la condonación de impuestos, sino que se determina no cobrarlos por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor. Según las normas, cuando el SAT identifique nuevos bienes que sean propiedad del deudor, los puede utilizar para cobrar la deuda.
Como parte de una auditoría practicada al SAT, la ASF fiscalizó 48.6 por ciento de los créditos fiscales cancelados en el ejercicio 2019, que equivalen a 135 mil 907 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, el apartado de contribuciones representó 65.6 por ciento de los créditos fiscales cancelados por 183 mil 450 millones de pesos, de los cuales, el rubro “impuestos” predominó con 124 mil 733 millones de pesos.
Respecto de los “accesorios de las contribuciones”, el concepto de multas fue el que tuvo más cancelaciones, por 90 mil 467 millones de pesos, que representaron 32.3 del importe.
De acuerdo con la ASF, la causa más importante de incobrabilidad de los créditos fiscales radica en la no localización de los contribuyentes, ya que 86.1 por ciento de los casos revisados fueron notificados por estrados, que es cuando la autoridad fiscal fija el documento que pretende notificar, durante 15 días, en un sitio abierto al público de sus oficinas y en una pági-na electrónica.
Otro problema identificado por la ASF es que en 167 casos revisados se comprobó que 110 fueron fiscalizados entre el segundo y el quinto año, lo que dio “oportunidad al contribuyente de implementar estrategias para evadir el pago de impuestos”.
Entre las recomendaciones que la ASF hace al SAT está que establezca mecanismos de mejora en las estrategias de operación para que las áreas involucradas en los créditos fiscales se coordinen, a fin de garantizar la localización, identificación y rastreo de bienes de los contribuyentes omisos, con apoyo de las investigaciones externas a fin de garantizar el cobro del crédito fiscal.
Fuente: La Jornada
