Pese a que la extitular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, no participó en su segundo día de audiencia debido a problemas de salud, el juez Alejando Ganther Villar Ceballos determinó aceptar tres testigos a su favor, informó Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria acusada del delito ejercicio indebido del servicio público.
“Hoy (Rosario Robles) solicitó su dispensa, saben ustedes que está convaleciente de salud, de tal manera que el juez autorizó que no asistiera a la audiencia. Creo que está bien anímicamente, aunque mermada en su estado de salud”, dijo.
Tras siete horas de análisis y diligencia en el Reclusorio Sur, Epigmenio Mendieta añadió que también les fueron aceptados entre 25 y 30 datos de pruebas y buscarán incorporar ocho testigos más a favor de la exfuncionaria.
“Llevamos hasta este momento tres testimoniales y documentos, es decir, existe una técnica con la necesidad de que con un testigo se tengan que incorporar determinados elementos, hemos ofrecido y tenemos prácticamente aceptados alrededor de 25 a 30 medios de prueba.”
“Una vez que tengamos el auto de apertura a juicio oral, ahí los precisamos para que ustedes puedan verlo. Ellos tienen la obligación de probar y me parece que es perfecto el equilibrio. Ellos tienen la obligación de probar, nosotros solamente defendernos”, puntualizó.
Informó que, debido a la gran cantidad de documentos por analizar, el juez Alejando Ganther Villar Ceballos determinó abrir un receso para que hasta el próximo lunes continúe la audiencia inicial del proceso que se sigue en contra de Rosario Robles Berlanga.
“Es una gran cantidad de información que tenemos que atender e incorporar a través de sus testigos, de tal manera que el juez ha decidido que tengamos un receso con la finalidad de que la defensa tenga la oportunidad de relacionar esos medios de prueba y debatir los necesarios el próximo día lunes a las 13:00 horas”, explicó.
Como parte de la orden del día, continuaron analizando los más de 300 elementos de pruebas que presentó el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en busca de acreditar que la exfuncionaria incurrió en el delito ejercicio indebido del servicio público.
Fuente: Milenio
