El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene también en la mira el uso de fondos en otra partida confidencial, empleada por órganos de seguridad dependientes de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De manera paralela a las pesquisas que se llevan sobre presuntas irregularidades en la partida 33701 de Gastos de Seguridad Nacional, se analizan los gastos con cargo a la partida 55102 “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”, cuyo uso se incrementó 135 por ciento por encima de lo autorizado por el Congreso de la Unión en el sexenio pasado y de la cual se beneficiaron, particularmente, la Policía Federal y el Cisen. En total, el gasto de esta partida pasó de 5 mil 361 millones a 12 mil 619 millones de pesos.

El análisis al que se ha sometido la partida, de acuerdo con funcionarios de seguridad consultados, es muy similar al que se realiza con la 33701, en la que también se tienen registradas erogaciones que ascienden hasta los miles de millones de pesos. En especial, se enfoca en cómo se emplearon los fondos públicos, cuáles fueron los resultados de distintas compras millonarias a contratistas privados y si era, en realidad, necesario evitar licitaciones e ir por la vía de la adjudicación directa bajo el escudo de la seguridad nacional.

Además de las potenciales irregularidades que se analizan en los gastos ejercidos con cargo a las partidas de seguridad pública y nacional, buena parte de la estructura de mando y administrativa de la Policía Federal peñista se halla actualmente bajo investigación por distintos ilícitos.

El sábado pasado se reveló que un juez giró órdenes de aprehensión sobre 19 funcionarios de la extinta corporación policiaca —dependiente de Gobernación y su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, en la administración anterior— por los delitos de delincuencia organizada “con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Buena parte de los funcionarios bajo la mira de la justicia federal tuvieron cargos administrativos y ejercieron recursos públicos para la compra de equipo de seguridad pública durante el sexenio anterior; se trata de compras que fueron justificadas por dependencias como la Policía Federal, el Cisen, la Secretaría de Gobernación y el órgano administrativo desconcentrado de Readaptación Social con cargo a partidas específicas, como las mencionadas antes.

En el caso de Gobernación, de la que dependían la Policía Federal y el Cisen, el gasto con cargo a la partida 55102 ascendió a lo largo del sexenio anterior a poco más de 20 mil millones de pesos, de los cuales la cámara de Diputados solo autorizó 13 mil millones, de acuerdo con una investigación vía la Ley de Transparencia realizada por este diario; la Secretaría de Hacienda aprobó, sin el visto bueno del Legislativo, otros 7 mil millones en compras urgentes y extraordinarias.

En teoría, la partida se amplió de manera sustancial para comprar equipos de manera urgente y confidencial y, según justificó la Secretaría de Hacienda en un oficio enviado a la Cámara de Diputados, se hizo “una mayor asignación de recursos a los programas Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito”, administrado en parte por la Policía Federal.

Los gastos opacos

El mecanismo de justificar compras bajo el escudo de la urgencia y confidencialidad que ameritaba la seguridad pública y nacional, es el que ha llevado a la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera a poner atención sobre los gastos ejercidos en partidas como la 33701 y la 55102.

En cuanto a la primera, se tenía bajo análisis la forma en que fue empleada sistemáticamente por distintas dependencias para soslayar el proceso de licitación, lo cual, a decir de autoridades consultadas abría la vía a un ejercicio altamente discrecional.

Esa es la misma hipótesis que pende sobre la partida 55102. De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal, ésta se debe utilizar únicamente para “asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales”.

Es decir, es tan amplio su espectro de uso que puede ser empleada para la renta de un avión o la compra de un automóvil, si ello permite continuar con una investigación de alta confidencialidad o peligro.

Fuente: Milenio