Entre 2007 y 2016 la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República, desapareció ocho millones 780 mil pesos y 157.5 mil dólares, respectivamente, fruto de aseguramientos de hasta 19 carpetas de investigación distintas, que en su momento fueron informados por la Dirección General de Apoyo Jurídico, pero, que nunca fueron vueltos a ver. Simplemente se esfumaron.
«La Dirección General de Apoyo Jurídico, informó el aseguramiento de $157,591.13 dólares americanos y $8,780,258.22 en moneda nacional, que datan del ejercicio 2007 al 2016, donde no se proporcionaron los Acuerdos de aseguramiento y el destino final», se lee en la auditoría 5/2019 llevada a cabo por el Órgano Interno de Control de la institución al que Milenio tuvo acceso.
En ese tiempo, donde supuestamente hubo irregularidades en el manejo del dinero incautado por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), pasaron por la palestra hasta seis procuradores divididos en dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.
La lista empieza con Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez y Marisela Morales, que estuvieron al frente de la institución durante la llamada Guerra contra el Narco librada en el sexenio panista. Morales antes de ser designada procuradora en 2011 fue primero, justamente, titular de la Seido desde 2008.
Luego el problema pasó al gobierno de Peña Nieto con Jesús Murillo Karam al frente de la institución en un inicio, luego con Arely Gómez y al final con Raúl Cervantes que, de hecho, llegó a ser el candidato del peñanietismo para ocupar el cargo de fiscal autónomo en la transformación a FGR, pero que finalmente fue descartado.
Sobre la desaparición del dinero, los auditores recomiendan a la FGR, ahora encabezada por Alejandro Gertz Manero, «presentar los acuerdos de aseguramiento e indicar el destino final de los bienes».
Luego de que se llevaron a cabo verificaciones físicas y documentales como parte de la auditoría interna reportada a la Función Pública, se encontraron otras irregularidades en la Seido, respectivo al manejo de dinero en efectivo obtenido en decomisos oficiales.
Es el caso del dinero incautado en 2018 que se encuentra resguardado en la bodega de indicios de la Seido y que asciende a 3 millones de pesos más 100 mil dólares que no han sido transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, ahora Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado).
«En la bodega de indicios ubicada en Paseo de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300 se encuentra resguardado un total de $100,300.00 dólares americanos, así como $3,012,430.00 en moneda nacional correspondientes a 5 carpetas de investigación que datan del mes de abril a noviembre de 2018, los cuales no se han transferido al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)», se lee en el documento.
Al respecto los auditores recomiendan «aclarar con documentación soporte la causa por la que el numerario asegurado no se ha transferido al SAE, y de ser conveniente llevar a cabo las gestiones para su entrega».
Una cosa muy similar fue detectada en otra auditoría interna, la 7/2019, que da cuenta cómo la Delegación en Chiapas de la FGR tiene en una bodega de Tuxtla Gutiérrez 2 millones 392 mil 900 pesos «los cuales no se han puesto ha disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)».
Fuente: Milenio
