La Fiscalía General de la República (FGR) anunció al Senado que destinará 70 por ciento de sus agentes del Ministerio Público, a deshacerse del rezago acumulado estos años, para enfocarse en la atención de una decena de delitos considerados más graves o de mayor complejidad, en los que no incluyó el feminicidio.
De acuerdo con el Plan de Persecución Penal, la Fiscalía desplegará una «política de priorización» con base en el modelo Triage que ya aplica el sector salud, a través de áreas de tramitación masiva y área de atención temprana en la que, conforme a la tendencia registrada en 2018, se calcula que recibirá aproximadamente 60 por ciento de las investigaciones iniciadas.
La dependencia detalló que el diagnóstico de la institución a finales de 2018 es contundente, pues la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no cumplió con la función de investigar y resolver los delitos puestos a su conocimiento, al dejar un rezago superior a las 300 mil investigaciones inconclusas, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, más de 28 mil mandamientos ministeriales sin cumplimentar, algunos de ellos prescritos y 3 mil dictámenes periciales rezagados.
Por ello, la FGR pretende enfocar su investigación criminal en diez delitos de alta complejidad como son la corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos y financieros cometidos contra derechos humanos, libertad de las personas, comercio de armas de fuego, sistema electoral, así como ambientales y narcotráfico considerados los «grandes mercados criminales».
Al argumentar este esquema de priorización, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseveró que no implica vulnerar la Constitución al dividir los delitos en baja complejidad y mayor complejidad, porque para los primeros existirá la justicia alternativa.
El plan señala que de enero de 2018 a junio de 2019 se registraron 63 mil 630 investigaciones concernientes a alguno de los diez ejes delictivos, y este enfoque permitiría focalizar capacidades en un 40 por ciento de los casos, pues actualmente 57 por ciento son asuntos parados, 16 por ciento están en trámite, solo 6 por ciento se judicializó y 6.2 por ciento tienen sentencia condenatoria.
En el proyecto también se explica que habrá una redefinición de métodos de investigación criminal, para mejorar la procuración de la justicia y que sea más eficaz, pronta y expedita.
El fiscal expuso que aunque la Constitución vela por los principios de protección y garantía de los bienes, al dar un orden de atención a las denuncias, «con ello, ha prevalecido un sistema ineficiente que no reorienta su dinámica y, en consecuencia, mantiene elevados niveles de impunidad», y comparó lo que será la nueva política de priorización al modelo Triage.
Fuente: Milenio
