El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que durante 2019 y 2020 fueron presentadas 12 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por prácticas de subcontratación ilegal, las cuales incluyen defraudación fiscal.

Precisó que existen carpetas judicializadas y una orden de aprehensión girada respecto a este caso; sin embargo y, sin dar a conocer mayores datos, apuntó que “tiene que ver con grupos importantes del modelo”.

Santiago Nieto informó que los expedientes enviados por la UIF están en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la misma FGR.

Esas 12 denuncias involucran a 95 personas físicas y morales, “donde se han solicitado, por supuesto, el aseguramiento de las cuentas bancarias para evitar que sigan fluyendo los recursos”. Esto, sin afectar los derechos de los trabajadores, con la precisión de que quienes están en la lista de personas bloqueadas “no pueden seguir en operación normal, salvo el pago de sus trabajadores”.

En el tema del proceso electoral en curso, recordó que la UIF tiene dos anexos técnicos firmados con el Instituto Nacional Electoral (INE) para detectar, de los 18 mil proveedores que tiene el organismo, si hay tema de “empresas fachada”.

Lo anterior, fue posterior a la firma de un convenio de colaboración entre la UIF y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), cuyo objetivo es prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita en las organizaciones sindicales.

El convenio ayudará a dar cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo y combatir el llamado outsourcing con la detección de “empresas fachada y factureras”, con el fin de que los sindicatos “tengan mecanismos internos para evitar lavado de dinero”.

Previo a la firma de dicho acuerdo, Santiago Nieto expuso que su objetivo es dar seguimiento a procesos de dos reformas hechas en la actual legislatura: la Ley Federal del Trabajo y la relacionada con el outsourcing.

Sobre este último tema, informó que tiene cinco vertientes. Uno de ellos es que, dentro de las 12 denuncias presentadas contra personas físicas y morales “está la ilegal falta de prestaciones, como la vivienda; lo que significa una pérdida de 22 mil millones de pesos” según el IMSS.

Además, la presencia de empresas factureras ha ido de la mano con la violación a los derechos de los trabajadores, lo que también implica perdidas por alrededor de 354 mil millones de pesos, situación que se pretende evitar con la firma del tratado.

El segundo punto se refiere a la libertad sindical, pues considera que ni el gobierno, ni empresarios deben influir en organizaciones, dado que “existe riesgo de lavado de dinero con empresas fachada”.

Los otros ejes son el tener mecanismos para generar, al interior de las organizaciones sindicales, con respeto a su autonomía, medidas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita; justicia laboral, rendición de cuentas y capacitación de los trabajadores. En términos generales, el acuerdo busca continuar con el combate frontal a la corrupción.

Asimismo, el presidente de la CIT, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que el acuerdo firmado contiene mecanismos para establecer candados que aseguren transparencia financiera en las organizaciones sindicales.

“Reconocemos nuestra obligación de rendir cuentas a nuestros agremiados, que sus recursos no se pierdan. Trabajar para prevenir recursos de manera ilícita y se incluyen compromisos puntuales para prevenir delitos y para actuar con transparencia y honestidad, que se haga un compromiso de abrir contabilidad de organizaciones”, destacó.

Por último, confió en que otras organizaciones sindicales de sumen a este esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas al interior de los sindicatos.

Fuente: Milenio