La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la aprehensión de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, por el delito de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de las investigaciones por manejo irregular del presupuesto de seguridad pública.
El 31 de julio, Milenio publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública investigan la forma en que se emplearon más de 40 mil millones de pesos que se erogaron entre 2013 y 2018 por parte de dependencias de seguridad, incluidas la Segob, donde estaba adscrita la Policía Federal y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la entonces Procuraduría General de la República y otros órganos para “misiones y objetivos confidenciales”.
Por lo menos 11 de los 19 ex funcionarios acusados manejaron finanzas y recursos en la Policía Federal, incluida quien fue la operadora financiera de Osorio Chong desde que era gobernador de Hidalgo (2005-2011)
La FGR solicitó a un juez federal de control, con sede en Almoloya, Estado de México, la detención de Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, quien fue director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la pasada administración y secretario General en la administración de recursos de la Policía Federal entre diciembre de 2012 y mayo de 2014.
Orta también desempeñó cargos de Oficial Mayor en administración de recursos humanos, materiales e inmobiliarios del gobierno de la Ciudad de México, la SEP y Medio Ambiente.
Asimismo se pidió la detención de Frida Martínez Zamora, exsecretaria General de la Policía Federal, responsable de las cuestiones administrativas en dicho órgano que durante la pasada administración se encontraba adscrito a Gobernación.
Desde 2004 se le ubica como operadora de Osorio Chong e incluso fue su representante ante el Instituto Electoral cuando éste fue candidato; y cuando se convirtió en gobernador fue su directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones en la Oficialía Mayor del gobierno en Hidalgo.
Los funcionarios formaron parte del equipo del extitular de Segob en la administración de Enrique Peña Nieto y que estuvieron involucrados en adquisiciones y actos administrativos que hoy están por iniciar proceso penal.
La orden de aprehensión también fue solicitada contra Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien se desempeñó como jefe de Departamento en la Secretaría de Gobernación y antes en la Policía Federal Preventiva.
El cuarto ex funcionario con orden de aprehensión es Carlos Hipólito Rivera Codina, quien trabajó en la Policía Federal y estuvo adscrito a la División de Fuerzas Federales y actualmente se desempeña en la Guardia Nacional como director general de Servicios Especiales.
El quinto acusado es Edgar Ulises Calderón Luna, quien fue suboficial en la Policía Federal y de acuerdo con su declaración patrimonial, en donde reservó sus datos sobre propiedades, su función principal era la del manejo de recursos financieros.
En sexto lugar, se solicitó la aprehensión de Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, quien inició el sexenio de Peña Nieto como director de Área en la División de Fuerzas Especiales de la Policía Federal y más tarde en la División de Fuerzas Federales.
El séptimo es Francisco Javier Cruz Rosas, quien también integró la División Antidrogas de la Policía Federal y actualmente está adscrito al primer batallón de transmisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Milenio detalló que la partida presupuestal 33701, clasificada como “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” se convirtió en la principal fuente de recursos del gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y fue manejada con extrema confidencialidad, creada para financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga.
El ex funcionario número ocho es Osvaldo Martínez Hernández, quien fue subdirector de Área en la Dirección de la Tesorería de la Policía Federal.
El número nueve, José Manuel Correa Flores, quien fue jefe de Departamento del Registro Contable de la Policía Federal, mientras que el décimo es Israel Luna Espinosa; ex subdirector de Ingresos y Egresos en la Secretaría General de la Policía Federal.
También se solicitó la aprehensión de ex funcionarias de la Policía Federal, como Carmen Patricia Quiñones Piña, que en enero de este año se amparó contra la Función Pública, que la sancionó a instancias del Órgano Interno de Control por un quebranto de 278 mil pesos a la Hacienda Pública Federal, tras la falta de justificación en el pago entre tarifas de mandos a los servicios de la División de Fuerzas Federales, mismo que fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación.
Completan la lista de los investigados por la FGR: Everardo Guzmán Linares, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez y Mercedes Hernández Rodríguez.
El 29 de julio, Milenio publicó que el actual coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, promovió el amparo 472-2020 contra investigaciones en su contra que pudieran realizar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR), que se sumaba al que ya anteriormente había promovido su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, con el número de recurso 620-2020 .
Después, su hijo Miguel Ángel Osorio Vargas, promovió el juicio de amparo 423-2020 contra la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de miembros de su familia, en torno a sus bienes, propiedades, dinero o el posible inicio de un procedimiento legal.
Fuente: Milenio
