El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy a una corte federal de Miami su solicitud formal para autorizar la extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien está acusado en esa entidad de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó su memorando de extradición a la Corte para el Distrito Sur de Florida, detallando las razones por las que es procedente otorgar la certificación judicial de la entrega del exfuncionario a territorio mexicano.
Cabe señalar que en el sistema estadounidense, el Poder Judicial certifica que la petición de extradición cumpla con los requisitos legales, en tanto que el Ejecutivo, a través del Departamento de Estado, es el que toma la decisión final sobre la entrega de la persona acusada.
César Duarte fue detenido el pasado 8 de julio en Miami, y permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales, pues la jueza Lauren Fleischer no ha resuelto su petición de libertad bajo fianza, a pesar de que las partes terminaron de presentar sus argumentos sobre el tema el 11 de agosto.
«Esta Corte debería certificar la solicitud de México para la extradición de Duarte», indicó el grupo de fiscales, que incluye a especialistas asignados desde Washington por el Departamento de Justicia.
«Los cargos por los que México busca a Duarte, peculado y asociación delictuosa, están cubiertos por el Tratado de Extradición entre ambos países, y existe causa probable para creer que Duarte cometió esos delitos», abundaron.
Se detalla que el memorando enviado va acompañado de un documento con gráficas que explican 11 transferencias realizadas entre junio de 20011 y noviembre de 2014, desde el Gobierno de Chihuahua hacia las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte de Chihuahua y Financiera de la División del Norte Sofom, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
Además, se explica cómo dichos recursos terminaron en cuentas de allegados al exgobernador de Chihuahua, incluidos 20 millones de pesos que fueron a dar a un fideicomiso que abrió con su esposa, Bertha Gómez Fong, y 3.1 millones usados para pagar los impuestos personales del entonces gobernador al SAT en 2015.
Fuente: Reforma
