En Chihuahua existe una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama; no es un movimiento espontáneo, porque no ha habido falta de agua, señaló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En conferencia matutina, sostuvo que la embestida a la Guardia Nacional el pasado 9 de septiembre en la presa La Boquilla es porque, evidentemente, quieren seguir manejando este tipo de negocios del agua en detrimento de la nación y el país, lo cual pone en riesgo el Tratado de Aguas Internacionales con Estados Unidos.
Informó que un grupo de nogaleros, encabezado por la familia Urionabarrenechea y ligada al exgobernador César Duarte, además de acaparar agua, financió la movilización en la presa La Boquilla.
“Por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral es nada más testimonial”, expresó.
Además, dijo que en la entidad solo ocho usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos de agua del Río Conchos, es decir, el 12.5 por ciento del agua que se adeuda a Estados Unidos.
La familia Urionabarrenechea tienen casi 9 millones de metros cúbicos de agua, es decir, acapara el 3 por ciento, apuntó.
También mencionó a los cebolleros, ligados al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, quien a través de un video que circuló en redes sociales le dio un ultimátum a la Guardia Nacional para retirarse y dejar de vigilar las presas del estado.
De acuerdo con Mejía Berdeja, el legislador tiene relación con una familia dedicada a la explotación de agua y la tala.
Mejía Berdeja aseveró que el agua es un tema de seguridad nacional y que, por tanto, las presas son instalaciones estratégicas en las cuales el Estado mexicano no puede perder la rectoría.
“Esto está fundamentado en el Artículo 27 de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales, y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto de la Guardia Nacional, está sustentada en la propia Ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos”, subrayó.
Abundó que esto es de conocimiento del gobernador Javier Corral, quien el 3 de diciembre del año pasado se reunió en la Secretaría de Gobernación con sus homólogos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
“Llegaron a un acuerdo en donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del tratado de 1944. El 1 de agosto firmó una propuesta para los escurrimientos y entregas de agua, está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte”, exhibió.
Por lo anterior, indicó que su cambio de posición puede estar ligado a todo el entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio en el tema del agua.
Fuente: Aristegui Noticias
