La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió sancionar a la comisaria de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo Mariel, por presuntamente haber adquirido un supuesto software israelí para monitorear redes sociales y determinar ubicación de los usuarios.
De acuerdo con lo que publica Reforma, la compra se hizo en junio de 2018, cuando Trujillo Mariel era jefa de la División Científica de la Policía Federal (PF), y por el software se pagaron 500 millones de pesos a pesar de que las mismas soluciones disponibles en el mercado no superan los 20 millones de pesos.
La ASF determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, ya que el programa usado por la Guardia Nacional no tiene licenciamiento y no se transfirieron recursos a empresa extranjera alguna.
Cabe recordar que el 11 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Patricia Trujillo como integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, y en la conferencia matutina ella presumió tener tres doctorados y haber escrito 28 libros.
A pesar de que la ASF no la refiere por su nombre, establece que fue la titular de la División Científica de la entonces Policía Federal la que solicitó los recursos y firmó el contrato de adquisición, sin contar con las facultades para ello.
El supuesto software adquirido es para recopilar información, correlacionar y procesar datos de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y permite la localización en tiempo real de un teléfono móvil, lo que podría ser ilegal, advirtió la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, señaló que la información recopilada y analizada podría estar en riesgo.
«La infraestructura tecnológica que soporta el servicio está en las instalaciones de la Policía Federal; sin embargo, no administra los servidores que soportan los servicios de monitoreo de redes ni de localización ni monitorea las actividades que el proveedor realiza sobre ellos, sea de manera presencial o remota”.
Añade que “lo anterior puede representar un riesgo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información debido a la falta de supervisión por parte de la Policía Federal».
Según argumentó la Policía Federal, el supuesto licenciamiento del software lo tenía la empresa israelí CYBERGLOVES LTD; no obstante, no se acreditó la existencia del mismo ni que haya sido introducido legalmente al país.
Agrega que la empresa que recibió el pago por este sistema es Comercializadora Dizoal, S.A. de C.V., la cual no realizó a su vez pago alguno a la empresa israelí que supuestamente había desarrollado el programa.
La ASF detalló que «el proveedor manifestó que no cuenta con los pedimentos de importación, ya que no tuvo injerencia alguna en la importación de los bienes que integran la solución, debido a que únicamente es la comercializadora, ya que la empresa extranjera desarrolladora de la solución se encargó de hacer llegar los bienes para su venta».
Fuente: Reforma
