Debido a la destacada participación que tienen las mujeres, principalmente las que habitan en zonas rurales, en la vida económica del estado y del país y con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades, en relación con los hombres, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Fomento Económico para el Estado de Veracruz, a fin de incrementar el presupuesto destinado al empoderamiento de la mujer.

En su iniciativa, presentada a la Diputación Permanente este 29 de octubre, la legisladora vicepresidenta de la Mesa Directiva explicó que su propuesta es mantener los porcentajes de 10 por ciento del recurso para jóvenes, 10 por ciento a personas con discapacidad. Asimismo, distribuir equitativamente el restante 80 por ciento, correspondiendo 40 por ciento a mujeres y 40 por ciento para hombres.

La diputada señala como necesario este cambio, toda vez que la actual redacción del artículo 14 de la citada Ley refiere que los Fondos se destinarán al otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos; sin embargo, la distribución corresponde a un 10 por ciento para financiar proyectos productivos de jóvenes, 10 por ciento para personas con discapacidad y, por lo menos, un 10 por ciento para proyectos de mujeres, dando preferencia a madres solteras, a través de microcréditos.

Al participar en Tribuna, puntualizó que a pesar de los avances que existen en materia de igualdad de género éste no se ve reflejado en el nivel de desarrollo económico que las mujeres tienen, en relación con los hombres. “Las mujeres a pesar de ser económicamente activas aún tienen muchos obstáculos que les impide el máximo nivel de bienestar y la equitativa distribución de la riqueza”.

Indicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se observa que la condición de empleo informal por sexo, 57.6 por ciento de las mujeres y 55.3 por ciento de los hombres se encuentran en esta situación; sin embargo, por grupo de edad, las personas más jóvenes y las adultas mayores están en mayor proporción en la informalidad: 82.1 por ciento de jóvenes de 15 a 29 años y 72.5 de la población de 60 y más años.

Asimismo, expuso que “sabemos que las mujeres hoy por hoy ya no cumplimos una jornada doble, sino que con la llegada de la pandemia ejercemos la triple jornada laboral, es decir, el trabajo de casa, el trabajo laboral y la educación de hijas e hijos que se encuentran en el hogar”.

Manifestó que lo anterior produce estrés y un fuerte desgaste emocional hacia las mujeres. “Si lo llevamos al peor de los escenarios donde miles de mujeres en México sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas, podemos concluir que en este país necesitamos de leyes y políticas públicas que lleven a un real empoderamiento femenino”.

Dijo que el ingreso que obtienen las mujeres debe verse reflejado en la mejora de sus condiciones de vida y su plena autonomía. Por otra parte, subrayó que en el ámbito rural se agrava la situación para las mujeres dado que impera el machismo en las comunidades, por la falta de oportunidades y porque la mayoría de programas sociales están dirigidos a la población masculina.

“Las mujeres de las zonas rurales requieren de esa confianza del estado para que las apoyen económicamente en el emprendimiento, por lo que resulta indispensable que sus autoridades les brinden las facilidades para desarrollar estos procesos productivos y aumenten presupuestos para ellas”, añadió la diputada.

De acuerdo a la iniciativa de la legisladora Kristel Hernández del presupuesto anual autorizado para la operación de los fondos de fomento económico, se destinará, el 10 por ciento para jóvenes y 10 por ciento para personas con discapacidad. El resto del recurso se destinará equitativamente a mujeres y hombres, es decir, como mínimo un 40 por ciento para proyectos productivos de mujeres, dando preferencia a madres solteras y mujeres que habitan zonas rurales a través de microcréditos, mismos que deberán ser entregados en forma directa y sin intermediarios.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.