La Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó al sector financiero vía la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), informar si existen cuentas de varios políticos, exservidores públicos e incluso de empresarios que recién hicieron compras en las subastas organizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pues se encuentran bajo investigación de la dependencia.
En esta lista se encuentra Alejandro del Valle de la Vega, uno de los que adquirió la casa de Cráter número 525 en la colonia del Pedregal y que fue subastada hace poco por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, mansión que pertenecía a Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’ y por la que ofertó 49.7 millones de pesos.
Alejandro del Valle de la Vega también es mencionado como uno de los socios de Carlos Cabal Peniche en diversas inversiones, entre ellas la recientemente hecha en Interjet.
Otro de los nombres que figuran en la lista es el del diputado federal de Morena, Sergio Mayer, de quien se requiere información de las cuentas que tenga abiertas en el sector financiero.
Todas las solicitudes de información al sistema financiero fueron fundamentadas en un oficio que envió la Procuraduría Fiscal de la Federación a la CNBV para efectos fiscales en términos del artículo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere la competencia de la dirección General de Delitos Fiscales, que estudia y recaba las pruebas, constancias, documentación e informes sobre la comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.
También aparece en el listado el panista Roberto Gil Zuarth, así como la extitular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Diana Rosalía Ladrón de Guevara, al igual que Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, y quien ganó un amparo para detener el nombramiento precisamente del titular del Prodecon ya que no reunía los requisitos legales, además ha sido miembro activo de la Concanaco.
Asimismo, aparecen los nombres de los hermanos Luis Eduardo y Cristian Nateras, el primero de ellos fungió como administrador central de fiscalización de precios de Transferencias del SAT y que según reportes periodísticos estaría involucrado en autorizar el pago de menos impuestos a la minera Mining de la que su hermano Cristian era representante.
Fuente: El Financiero
