Un juez federal echó abajo la orden de aprehensión librada el 13 de agosto de 2016 contra Miguel Ángel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña, quienes fueron señalados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser cómplices de Javier Duarte, dentro de la causa penal donde el exgobernador de Veracruz recibió una sentencia de nueve años de prisión.
En enero del presente año, un juez rechazó ampararlos contra la orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juzgador mencionó que la orden cumplía con todos los requisitos, además de que existían datos de prueba suficientes en su contra.
Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la sentencia y les concedió la protección de la justicia.
Ante esta situación, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, tuvo que emitir un nuevo pronunciamiento donde negó la orden de aprehensión a la hoy Fiscalía General de la República, dentro de la causa penal 97/2016.
El excomisario ejidal Miguel Vázquez y la contadora Santa Bartolo eran accionistas de la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, la cual, de acuerdo con la PGR, sirvió para triangular recursos del erario de Veracruz, ya que simuló la compra venta de terrenos en Campeche por un monto de 439 millones 662 mil 979 pesos.
Algunos de los predios fueron adquiridos por Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres de Javier Duarte. Los terrenos después fueron vendidos a dos empresas que recibían recursos que pertenecían al erario de Veracruz.
En mayo del presente año, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, confirmó la condena de nueve años de prisión dictada al exgobernador de Veracruz el 26 de septiembre de 2018. Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, se decretó el decomiso de 40 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento cada uno.
Las propiedades continúan aseguradas, ya que forman parte de otros litigios, además de que no se ha podido acreditar quiénes son las personas que los adquirieron.
Fuente: Milenio
