Un juez federal especializado en Competencia Económica otorgó una suspensión provisional que frena la aplicación del acuerdo, mediante el cual se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el pasado 15 de mayo, por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
La suspensión provisional fue concedida por Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, dentro del amparo promovido por la organización ambientalista Greenpeace en contra de dicho acuerdo, el cual suscitó tal polémica que derivó en la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), César Hernández, el mismo 15 de mayo, por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación sin pasar por un proceso de mejora regulatoria en dicha institución.
«Que se suspendan todos los efectos y consecuencias del acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020», dice la resolución.
«En este último supuesto, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del Acuerdo reclamado», añade.
«Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables, por lo que deberán abstenerse de seguir los lineamientos que conforme al acuerdo reclamado deben regir para el funcionamiento del SEN y de llevar a cabo las actividades que ahí se precisan», recalcó el juez en su resolución.
En la misma, se citó para el 4 de junio para la audiencia incidental en la que se decidiría si se concede la suspensión definitiva del mencionado acuerdo.
Junto con Greenpeace, también promovió amparos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en contra de dicho documento.
Ambas organizaciones reclamaron lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, así como el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional que prevé la suspensión de las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial y la de las autorizaciones de dichas pruebas para las que no han iniciado aún.
Además de la autorización de la Comisión Reguladora de Energía para delegar las facultades que le establecen los artículos 132 y 136 de la Ley de la Industria Eléctrica.
El sector empresarial había criticado este acuerdo porque aseguraron que daba facultades a las autoridades para “encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”.
La decisión del juez detiene los efectos del acuerdo, publicado por la Sener, por lo que para no generar un vacío normativo, el juez determinó que deberá mantenerse vigente la anterior Política de Confiabilidad, que data del 2017.
La suspensión en los efectos de este acuerdo se suma a la suspensión definitiva que otro juez había concedido el 25 de mayo en contra de otro acuerdo, del 29 de abril, publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en el DOF y el cual impedía la entrada en funciones de las nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico.
Fuente: Milenio
