Al comparecer ante el Congreso local, la licenciada Verónica Hernández Giadáns, encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), dejó claro que en Veracruz se hace cumplir la Ley y que quien delinque es castigado sin distingos.

En su participación informó que en estos últimos meses se ha devuelto la institución a la sociedad, dejando atrás arrogancia, prepotencia, indiferencia, desatención, simulación y todo aquello que no debe existir para procurar justicia, sentando las bases de un ordenamiento institucional para que Veracruz sea modelo de transformación con justicia y paz.

“Soy mujer de principios, que respeta la ley y la hace valer, no tengo militancia partidista, ni obedezco a complicidades de grupo, no soy abogada de una sola familia, sino de todos los veracruzanos, pueden tener la confianza de que la procuración de justicia está en buenas manos”, dijo.

A su vez, resaltó que en tan solo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de un universo de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, se ha puesto a la Fiscalía General al servicio de la población veracruzana.

“Hoy existe confianza en nuestra institución, la sociedad se atreve a denunciar y comprueba nuestra efectividad porque hay transparencia; antes, la desconfianza inhibía la cultura de la denuncia, esto ayudará a reducir la cifra negra producto de la poca efectividad que persistía en todas las áreas de la Fiscalía, por lo que al incrementar la denuncia tendremos mayor certeza de la situación que impera en el Estado, lo cual propiciará con el análisis de los fenómenos delictivos, el desarrollo de estrategias más certeras y contundentes, y con mayor cercanía social ajustaremos las acciones para la prevención y combate de las conductas delictivas en Veracruz”, apuntó.

Al referirse a las actividades realizadas por la Fiscalía General del Estado ante la Comisión de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura del Congreso local, integrada por los diputados, José Manuel Pozos Castro, María Josefina Gamboa Torales y Raymundo Andrade Rivera, en su calidad de presidente, secretaria y vocal, respectivamente, informó que durante 2019 se iniciaron 80,326 carpetas de investigación, de las cuales, al asumir las funciones como Encargada de Despacho, se encontraron aproximadamente 30,000 que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales.

Expresó que, ilustrando el antes y el después que vive la procuración de justicia en Veracruz, a cuatro meses de su trabajo al frente de la FGE se logró abatir ese rezago en el registro de la información en un 96 por ciento, quedando pendientes de registro únicamente 498 carpetas y logrando la determinación de 32,311 de esos asuntos, que incluyen la judicialización, de 3,299 carpetas.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Verónica Hernández añadió que en materia de evaluación y control de confianza, particularmente la administración anterior no operaba con seriedad ni le daba la importancia al proceso de certificación y evaluación, “los reportes indican un total de 87 servidores públicos que no aprobaron el proceso de evaluación y control de confianza, por lo que instruí a las áreas competentes iniciaran los procedimientos correspondientes”.

Al respecto, dijo que desde su llegada al órgano autónomo se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza y que al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada, quedando pendientes de evaluación únicamente 6 servidores públicos.

Finalmente, Verónica Hernández expresó a diputados y al público en general que “Encima de cualquier interés de grupo, de cualquier complicidad y de cualquier revanchismo o consigna política, está nuestro trabajo en favor de las y los ciudadanos, de todos, sin distingos; haciendo prevalecer la verdad y la ley; con una nueva actitud de servicio para transformar a la FGE que como institución vivía la crisis más fuerte de estos últimos años. Ser omiso, indolente o retrasar la acción de la justicia, lastima a la sociedad y causa el implícito deterioro de la imagen gubernamental”.