En México se cuenta con un parque vehicular de acuerdo con datos del Inegi, de aproximadamente 33 millones 200 mil 156 automóviles, a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que ha hecho que la industria automotriz crezca exponencialmente, no simplemente por la importación, sino que estratégicamente el país se ha convertido en productor de automotores en la región meridional de América del Norte continental, dijo la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, de la LXV Legislatura estatal.
Esta producción manufacturera ha cambiado sustancialmente, agregó, “la forma de vida en todos los continentes del mundo, puedes adquirir un vehículo automotor, es tan fácil como ir a una agencia automotriz que se encuentran en las avenidas principales de cualquier ciudad, e incluso lotes donde se venden carros de segunda mano”; al presentar ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo Segundo del artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado.
Dado lo anterior, señaló la diputada, la nueva ley de Tránsito del Estado, debe contemplar en su totalidad, la figura del solidario responsable, en aquellos casos donde un menor o un adulto manejan un vehículo automotor sin tener los debidos permisos expedidos por la autoridad correspondiente, en esos casos en que se comete una falta administrativa, se configura una acción por omisión por parte de quien conduce, actualizándose la solidaridad económica para pagar las debidas multas y faltas administrativas por quien ostenta la calidad de legítimo dueño del automotor.
En Veracruz, agregó, existen un total de 1 millón 951 mil vehículos en circulación, por lo que, obtener recursos por faltas administrativas a las leyes de tránsito debe convertirse en eje de la prosperidad y en un ejercicio responsable de la mayoría de edad. Velando en todo momento por la salud y la vida de las personas, mediante un control social económico, y no meramente penal, haciendo más viable el ejercicio del tránsito local.
Destacando que con esta Iniciativa se plantea que los padres, tutores, o cualquier persona, se pueda hacer responsable de los costos, en caso de que se actualice una infracción en los términos del artículo 148 de la referida Ley. “El grado de la infracción, es evaluado a través de la peligrosidad que pueda ocasionarse, una vez la acción se esté ejecutando en la vialidad, lo que puede generar accidentes que pongan en riesgo las integridades personales”.
Por ello, enfatizó, es importante construir un modelo educativo vial, reduciendo drásticamente los accidentes en la vía pública, recordando a los tutores y a los conductores que, el precio a pagar, no es meramente económico, sino en muchas ocasiones es la vida de los seres humanos dentro del vehículo o los transeúntes.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo Segundo del artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.
