El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, interpuso un amparo con la intención de revertir los acuerdos que establecen que ningún servidor público del Gobierno federal puede ganar más que el presidente de la República.
También solicitó la protección de la justicia contra la posible integración de una carpeta de investigación, por supuestas faltas administrativas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El secretario en funciones de juez federal del juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa se declaró incompetente para conocer la demanda de garantías, porque dijo que este tipo de casos deben ser atendido por los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.
En el expediente se menciona que Lorenzo Córdova impugnó la promulgación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, así como su aprobación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020.
También reclamó la aprobación del acuerdo INE/CG634/2020, emitido en la sesión extraordinaria el 7 de diciembre de 2020, mediante el cual se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021 por la Cámara de Diputados que refleja la reducción realizada por dicho órgano legislativo.
Además, la aprobación del Acuerdo INE/JGE222/2020, emitido en sesión extraordinaria de 18 de diciembre de 2020, por el que se avaló para el ejercicio fiscal 2021, el manual de remuneraciones para los servidores públicos de mando; la publicación de la estructura ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la actualización de los tabuladores de sueldos para el personal del servicio profesional electoral nacional, para el personal de la rama administrativa y el de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes.
De igual manera demandó el amparo contra la integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal con la denominación del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, así como todo tipo de acto que se derive de la aplicación de dichos preceptos penales.
“La integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de faltas administrativas derivadas de una presunta inobservancia de la normativa derivada de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló.
Fuente: Milenio
