La actual pandemia de Covid-19, que mantiene condicionado a gran parte del mundo en el confinamiento y bajo estrictas medidas sanitarias que han provocado cierres parciales y totales de oficinas de justicia y seguridad, puede agudizar los niveles de inseguridad y violencia, así como limitar aún más el acceso a la justicia y otros bienes públicos, señala el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020.
De acuerdo con el ranking, México se ubica en el décimo lugar en la escala global de impunidad, con un valor total de 49.67, de los países estudiados. En la edición de 2017, ocupó el lugar 66 de 69 y hasta 2018 fue el cuarto en el continente americano.
El documento elaborado por expertos de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), que se presenta hoy, advierte que al empeorar la inseguridad, la violencia y la falta de acceso a la justicia a causa de la pandemia, puede generarse un impacto negativo en regiones del mundo con altos grados de marginación y menores avances en el estado de derecho.
En concreto, señala a regiones como América Latina, África, Asia Central y del Pacífico como los principales focos rojos; por ello, México está en la lista de las naciones en riesgo de ver afectados sus niveles de inseguridad, violencia y acceso a la justicia a causa de las consecuencias del virus.
Uno de los caminos para que México deje de ser una de las naciones con mayor impunidad del mundo es, de acuerdo con el estudio, aumentar el número de jueces. El país cuenta con 2.17 magistrados por cada cien mil habitantes.
Esta cifra contrasta con, por ejemplo, la de Eslovenia, el país considerado el que menor impunidad tiene en el IGI 2020, que registró 42.77 jueces por cada cien mil habitantes.
En lo que respecta a la estructura del sistema de seguridad, el índice muestra que en México hay 347.76 gendarmes por cada cien mil habitantes. Esta cifra resulta mayor que el promedio de los demás países analizados que ronda los 314.9 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, paradójicamente, esto no se traduce en capacidades efectivas de la policía.
Otra de las tareas pendientes de las autoridades para solucionar el problema de impunidad que impera es dotar, en carácter de urgente señala el IGI 2020, de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia. Estos recursos deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización.
El documento de la UDLAP advierte además que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal puede crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad en el país.
“Si bien este sistema ha traído una mejoría (…), sobre todo en transparencia, esto no ha significado una mejoría para México debido a los resultados de los juicios”, concluye.
Fuente: Milenio
