El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, presentó una demanda de juicio político en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del consejero electoral Ciro Murayama, por asumir funciones que no les corresponden al tratar de acallar al presidente de la República en sus conferencias mañaneras y porque ganan más que el Ejecutivo federal.

Manifestó que los consejeros del INE, en particular Córdova y Murayama, han asumido posturas en contra del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y han dejado de lado la imparcialidad.

“Si Lorenzo Córdova y Ciro Murayama quieren ser opositores al régimen que encabeza el presidente, están en todo su derecho de ser, como ciudadanos mexicanos tienen toda la libertad de asumir esa posición política de ejercerla, pero no deben hacerlo desde el órgano electoral.

Están obligados a renunciar a esa responsabilidad para poder ejercer su legitima posición contraria a la revolución sin violencia que es la cuarta Transformación, pero no tienen derecho a usar la institución, particularmente Lorenzo Córdova, para hacer ariete en contra de nuestro gobierno. Se ha manifestado en contra de nuestro gobierno, en contra del presidente, en contra de los partidos de la coalición. Es inconcebible», apuntó.

En conferencia de prensa, tras presentar la denuncia en la Secretaría General de la Cámara de Diputados, indicó que estos dos consejeros están haciendo un uso faccioso de la institución, al pretender ponerse por encima de todos los poderes de la República.

Los acusó de violentar el artículo 120 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República y ellos perciben cerca de de 250 mil pesos mensuales.

Dijo que otro motivo de la denuncia es que los consejeros han pretendido asumirse como Poder Legislativo, al emitir una legislación sobre la reelección de los diputados.

“En vez de emitir lineamiento, el INE se puso a emitir condiciones por encima de lo establecido en el marco constitucional, pretendió convertirse en Auditoria Superior de la Federación para venir a revisar el uso de los manejos públicos que le corresponden a la Cámara de Diputados e imponer condiciones más allá de lo establecido en el marco constitucional”, concluyó.

Fuente: Reporte Índigo