Un juez federal otorgó un amparo al exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, sentencia que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar si investiga o no al campechano, quien fue señalado junto con otros panistas de presuntamente extorsionar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Tras conocer la acusación que Emilio Lozoya realizó en la FGR en agosto, Lavalle Maury solicitó al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) que le informara si se está integrando alguna carpeta de investigación en su contra.
En caso de ser así, señaló el exmilitante panista, pidió que se le citara para rendir entrevista en calidad de imputado y se respetara su derecho de defensa; también proporcionó sus datos personales para recibir notificaciones en su domicilio.
Como no obtuvo respuesta, interpuso una demanda de garantías y ahora Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, le concedió la protección de la justicia.
En la sentencia, el juez ordena al titular de la SEIDF que dé respuesta completa y congruente al escrito presentado el 20 de agosto, es decir, emita una contestación en sentido positivo o negativo de manera clara y precisa, en la cual, deberá atender todos los puntos de la petición del quejoso; “en el entendimiento que esta sentencia protectora, únicamente lo constriñe a dar contestación a la petición, empero no a resolver en determinado sentido”.
Una vez emitida la respuesta al escrito, el subprocurador deberá notificar legalmente y en forma personal a Jorge Luis Lavalle. En el expediente se menciona que la SEIDF manifestó que el plazo para dar respuesta a la vence el 21 de diciembre.
No obstante, el juez puntualizó que “ha transcurrido el tiempo necesario en que la autoridad responsable debía contestar y notificar al peticionario la respuesta a la solicitud que formuló, o bien, los trámites que se estén realizando para tal efecto; sin que lo hubiera hecho”.
Emilio Lozoya acusó a senadores del Partido Acción Nacional de prácticamente extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas extranjeras, además de que no hubo negociación con los panistas, sino que se trató de una “extorsión” a cambio de sus votos.
“El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién (actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente), Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.
Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329… pues a solicitud de Luis Videgaray Caso (exsecretario de Hacienda), de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, detalló.
Los senadores panistas, abundó, tenían proyectos políticos en Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y usaban eso como excusa para pedir constantemente más dinero.
Lozoya dijo a la FGR que los recursos se les asignaban según iban avanzando las negociaciones. Todo el recurso que se entregó en efectivo a los legisladores, cuyos nombres eran designados sistemáticamente por Luis Videgaray, fue llevado por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas, de la empresa Construcciones Tapia, y entregado a José Velazco Herrera, jefe de ayudantes de Emilio Lozoya.
Su narración coincide con el video que después se difundió en redes sociales donde se ve al exsecretario técnico del Senado, Rafael Caraveo, recibiendo dinero junto con Guillermo Gutiérrez Badillo, excolaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
Fuente: Milenio
