La Fiscalía General de Veracruz solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra del exdiputado del PRI, Antonio Tarek Abdalá, y del contador Víctor Manuel López Gachúz, por su presunta participación en la operación de una red de empresas ‘fantasma’ a través de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

Animal Político publicó que también se pidieron órdenes de arresto en contra de 23 personas más entre accionistas de empresas fantasma y exfuncionarios de Veracruz, de los cuales 10 ya fueron detenidos y encarcelados el pasado fin de semana. Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que un juez definirá si los vincula o no a proceso por múltiples delitos de fraude y corrupción.

Todos ellos están implicados en una operación fraudulenta que fue documentada y revelada desde 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con la cual se consiguieron desviar más de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias e instituciones del gobierno de Duarte.

Sin embargo, por ahora la acusación de la Fiscalía estatal se centra solamente en lo ocurrido en una parte del fraude ocurrida en el DIF de Veracruz y está relacionada con 28 contratos a empresas fantasma que asciende 112 millones de pesos. Se trata de los mismos hechos por los cuales nuestro país ya solicitó al Reino Unido la extradición de Karime Macías, procedimiento que se encuentra en desarrollo.

De acuerdo con los documentos ministeriales a los que Animal Político tuvo acceso, la lista de los 25 imputados la componen nueve exservidores públicos del DIF local y 16 accionistas y/o apoderados de las empresas que simularon operaciones que le facturaron a dicho organismo.

Los fiscales sostienen que si bien las empresas fueron constituidas legalmente, estas no contaban ni con el personal ni con los recursos materiales para haber realizado los servicios, y aun así los funcionarios del DIF local les facturaron los pagos tras procedimientos de contratación irregulares o arteramente simulados.

“Valiéndose de su cargo de funcionarios públicos se prestaron a el entramado de estas empresas fachada causándole un grave detrimento patrimonial al DIF Estatal, pero sobretodo faltando a su objetivo principal, como lo es la asistencia social, es decir el apoyo a la población vulnerable” señala la acusación presentada al juez.

De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, todo este entramado de irregularidades deriva en la posible comisión de múltiples delitos que van desde el fraude específico, hasta la coalición, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e incluso asociación delictuosa.

Los fiscales añadieron que los presuntos implicados fueron citados en calidad de imputados para que respondieron por los cargos pero no comparecieron, motivo por el cual se consideró necesario solicitar las órdenes de aprehensión en su contra, principalmente porque en el caso de varios de ellos no existe certeza de su paradero.

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Entra la lista de las 25 personas en contra de las cuales la Fiscalía procedió penalmente destacan dos personajes clave por el papel que desempeñaron en el presunto entramado fraudulento, y los cuales aún no son detenidos.

Uno de ellos es el del exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá, quien se desempeñó en el gobierno de Duarte primero como director de Finanzas del DIF de Veracruz, y luego como tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal.

En la acusación presentada ante el juez se le responsabiliza de haber encabezado la operación administrativa que permitió que el DIF local concediera múltiples contratos a las empresas fachada.

Pero de acuerdo con las investigaciones periodísticas publicadas, el rol de Tarek Abdalá va mas allá. Se trata del presunto artífice del contacto del gobierno de Veracruz con la red de empresas fachada primero desde el DIF local y posteriormente de múltiples dependencias de la administración estatal.

Fue la Tesorería del estado que el encabezaba desde donde se habrían facturado al menos 1 mil 459 millones de pesos de los 3 mil 617 millones desviados de las arcas estatales. Exfuncionarios veracruzanos señalaron a su vez que Tarek también ordenaba los pagos etiquetados desde otras dependencias.

El propio Tarek Abdalá reconoció en una declaración formal ante la extinta PGR que en efecto llevó a cabo el pago de facturas a empresas fachada, pero sostuvo que lo hizo siguiendo las órdenes de Duarte y de Karime Macías. Dicha declaración la realizó tras alcanzar un acuerdo con dicha Procuraduría que le permitió no ser procesado durante varios años.

El otro personaje clave es el contador Víctor Manuel López Gachuz, cabeza de un despacho de contadores denominado GLG Empresarial, y dueño de restaurantes y otros negocios. De acuerdo con el expediente presentado ante el juez, varios de los socios de las empresas fantasma eran trabajadores del referido despacho.

En el reportaje “Fábrica de Empresas Fantasma” publicado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documentó que fue el despacho de López Gachuz el responsable de constituir una red de casi 400 empresas fachada las cuales fueron utilizadas tanto para ganar contratos del gobierno de Duarte, así como para transferir el dinero y ocultar su origen.

Una de esas empresas se utilizó, por ejemplo, para adquirir una casa y varios terrenos que Javier Duarte le regaló a una exfuncionaria, mientras que otra compañía de la red (Logística Asismex) fue utilizada para financiamiento electoral ilegal en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

Cabe señalar que luego de la publicación de este reportaje, el despacho de López Gachuz cambió su imagen y nombre pero continuó operando en las mismas oficinas localizadas en la calle de Sahagún 123, del municipio de Boca del Río, Veracruz.

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De los 23 imputados restantes hay diez que ya fueron detenidos. Siete son socios o apoderados de las empresas Pefraco, Anzara, Rinoxa, RAVSAN Servicios Múltiples, Abastecedora Romcru, Grupo Balcano y Centro de Negocios CERENE, que ya fueron calificadas de forma definitiva por el SAT como empresas que facturan operaciones simuladas.

A estas personas los fiscales les imputan el delito de fraude especifico en agravio del DIF de Veracruz.

Los otros tres detenidos son Julián Alberto Rubín Sandoval, Víctor Manuel Carrizo Yoval.

Y Emilia Yasbé Azamar Hernández, todos exfuncionarios del referido organismo y que tuvieron algún grado de participación en las contrataciones ilegales. A ellos se les acusa de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición.

Entre los que no han sido detenidos se encuentran —además de Tarek y Gachuz— otras personas relacionadas con empresas fantasma y exfuncionarios del DIF local.

De ellos destaca el caso de la exdirectora del DIF Astrid Elías Mansur, familiar de Moisés Mansur, empresario que de acuerdo con investigaciones federales era un presunto prestanombres del exgobernador Javier Duarte y quien desde hace dos años es prófugo de la justicia. Se presume que se encuentra escondido en Canadá.

<<¿Qué sigue?>>

Un juez de Veracruz determinará en audiencia pública si hay datos de prueba suficientes para vincular a proceso a las diez personas que ya fueron detenidas por los delitos ya señalados.

Los que resulten procesados deberán permanecer en prisión preventiva hasta por un año mientras se desarrolla el juicio. Esto luego de que en la audiencia inicial el juez consideró que si bien los delitos no son graves, existe el riesgo fundado de que puedan escapar por lo que su encarcelamiento es justificado.

Por otro lado, se encuentran pendientes de cumplimentar las órdenes de aprehensión que fueron concedidas por el juez a petición de la Fiscalía.

En el caso específico de Tarek Abdalá y López Gachuz, hay autoridades que presumen que podrían encontrarse fuera del estado y posiblemente del país, por lo que se estudia incluso la emisión de una alerta migratoria y posible ficha roja de Interpol para facilitar su localización y detención.

Además, hay diversas investigaciones ministeriales a nivel federal y estatal que siguen en curso.

Fuente: EL Heraldo de Saltillo/Animal Político