A las 128 hectáreas de San Miguel Xaltocan, donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía, les salió un nuevo dueño.

Se trata de la Inmobiliaria Zumpango, que reclama la propiedad de 71 por ciento de ese terreno y se suma a Raúl Romero Zenizo, identificado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como un primer propietario de las tierras, las cuales fueron declaradas como terreno nacional en abril de 2019.

El 23 de abril de 1976, Inmobiliaria de Zumpango le compró a Romero Zenizo 91 hectáreas de esos terrenos —divididos en dos predios, uno de 85 hectáreas y otro de 6 hectáreas— en el municipio mexiquense de Nextlalpan, según consta en la escritura 510 volumen 20, del notario público número 21, Genaro Billarent Romero, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.

El impuesto por el traslado de dominio de ambos predios se hizo el 6 de mayo de 1976, ante la dirección general de Hacienda del gobierno del Estado de México.

Inmobiliaria Zumpango solicitó un amparo ante la justicia federal que le fue concedido y se espera la audiencia constitucional, igual que en el proceso iniciado por Romero Zenizo.

Inmobiliaria Zumpango, fundada a principios de 1976, adquirió una parte de las 265 hectáreas que Romero Zenizo obtuvo en copropiedad con César Escobosa Bernal, Eduardo Medellín Cortazar y Genaro Escoboza Bernal, en enero de 1970, como consecuencia de una adjudicación por remate, avalada por el Juzgado Décimo Tercero de los Civil en la Ciudad de México, en contra de Miguel Leal Gutiérrez. Y de lo cual dio fe el notario público número 31, Mario Monroy Estrada.

Leal Gutiérrez, a su vez le compró 245 hectáreas a Susana McCann, según la escritura 19,890 del 10 de octubre de 1962. El notario público 117 de la Ciudad de México, Rafael Enríquez Vidal dio fe de esta transacción hace 58 años.

De acuerdo con archivos consultados, la propiedad de 265 hectáreas de referencia fue acreditada en favor de Romero Zenizo y sus copropietarios desde el 12 de mayo de 1971, por la notaría pública de oficio del en el Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, Rita Raquel Salgado de Martínez.

Esas 265 hectáreas estaban divididas en seis lotes, identificados de la A a la F. Originalmente, las fracciones B,D y F (cincuenta por ciento del total) estaban a nombre de Romero Zenizo. Las A, C y F a nombre de César Escobosa, Genaro Escobosa y Eduardo Medellín.

El 11 de diciembre de 1973, el Juzgado Quinto de lo civil dio por bueno un juicio sumario de disolución de copropiedad, y Romero Zenizo tuvo en propiedad la totalidad de las 265 hectáreas.

De acuerdo con los planos de la Sedatu, de cómo se distribuirían las 745 hectáreas declaradas como terreno nacional: 128 para el aeropuerto y 617 para repartir entre 722 comuneros de San Miguel Xaltocan, las 128 hectáreas —divididas en dos fracciones, una de 50 y otra de 78 hectáreas—, están dentro de esas 265 hectáreas que serían propiedad de Romero Zenizo e Inmobiliaria Zumpango, si un juez de distrito lo sentencia así.

En la escritura 510 del 23 de abril de 1976 se da fe de que Inmobiliaria Zumpango compró las fracciones A, de 85 hectáreas y la F de seis hectáreas, que hasta entonces eran propiedad de Romero Zenizo.

Hoy, que formalmente reinician actividades los juzgados, después de la inactividad presencial por la crisis sanitaria del covid-19, se perfila pronto el desenlace de los juicios de amparo interpuestos en el juzgado quinto de Distrito en la Ciudad de México, por parte de Romero Zenizo y en el Juzgado Décimo de Distrito Segundo Circuito, en el Estado de México, por parte de Inmobiliaria Zumpango. Pero que por orden del Consejo de la Judicatura pasó al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa.

El juez de ambas causas tendrá que definir si las 128 hectáreas son terrenos nacionales, como lo declaró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el 26 de abril de 2019 o es propiedad privada como lo intentan acreditar Romero Zenizo e Inmobiliaria Zumpango a través de sus respectivos amparos.

En el caso de que el juez resuelva que ese terreno es propiedad de la nación, los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea seguirían adelante y podrían terminar en tiempo y forma. Se estableció que en 2022 la terminal estaría lista.

En caso de que se reconozca la propiedad privada de los terrenos, el juez dejaría sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales de abril de 2019 de la Sedatu. La Sedena tendría que expropiar esas propiedades privadas y convendría con los propietarios la cantidad a pagar por las 128 hectáreas. De esa manera las obras en el aeropuerto podrían continuar.

El millón 280 mil metros cuadrados de terreno que está en litigio tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado.

La construcción del nuevo aeropuerto ha detonado un mercado especulativo de los terrenos en la zona. En el ejido vecino de San Miguel Xaltocan, Tonantitla, se empezaron a vender predios a 3 mil pesos el metro cuadrado.

Un paso adicional en este proceso, aunque independiente de lo formal, sería conocer qué extensión de terreno es propiedad de Romero Zenizo y qué extensión es de Inmobiliaria Zumpango. Porque de acuerdo con los planos públicamente conocidos, cabe la posibilidad de que cualquiera de los dos demandantes de la propiedad, o los dos, tengan una parte en las 128 hectáreas para la terminal aérea y otra parte en la extensión de 617 hectáreas que el gobierno comprometió entregar a 722 comuneros de San Miguel Xaltocan, en propiedad social. Lo cual seguirá otra vía, de acuerdo con la Sedatu, que ya declaró que no negociará con quien eventualmente logre acreditar la propiedad.

El 6 de diciembre de 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria —desaparecida en 2013—, rindió un informe sobre una solicitud que los comuneros de Xaltocan hicieron para la titulación de los bienes comunales.

En ese documento, firmado por Fidel Mendoza Juárez, se advierte que Romero Zenizo y la Inmobiliaria Zumpango tuvieron una “contradicción entre los planos que proporciona tanto Raúl Romero Zenizo, como el representante de la Inmobiliaria Zumpango, ya que si bien es cierto en ellos señalan las mismas superficies, pero con diferente figura… los promoventes los ubican en diferentes lugares, presuponiéndose que desconocen la ubicación de lo reclamado; resumiendo, con lo que obra en el expediente no se pueden localizar las superficies dentro del plano general informativo para reconocimiento y titulación de bienes comunales”.

Según los argumentos presentados por Inmobiliaria Zumpango ante el juez de la causa, el total de su propiedad de seis hectáreas forma parte del polígono de 50 hectáreas donde se construye el aeropuerto. Y de su propiedad de 85 hectáreas, sostiene que 75% de estas, es decir 63 hectáreas, serían parte de las 78 del segundo predio que requiere la Sedena para la terminal aérea.

Entre tanto, el grupo de comuneros que mantienen un plantón dentro de las 128 hectáreas, comenzaron la siembra de 70 hectáreas de cebada y seguirán con otras tantas de avena, según se muestra en fotografías entregadas a Excélsior por parte de los habitantes de Xaltocan, que avisan con estas acciones que permanecerán en el lugar de la obra de la nueva terminal aérea.

Fuente: Excélsior