La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 314 bis y un segundo párrafo al artículo 196 del Código Penal para Veracruz, que endurecerían las penas a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia, o inciten al odio o violencia en contra del personal del sector salud, durante los periodos que comprendan la declaratorias de emergencia sanitaria.

La iniciativa propone la imposición de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra del profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud perteneciente al Sistema Estatal de Salud, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, del mismo modo para quienes dañen instalaciones públicas o privadas de este sector.

Asimismo, señaló la diputada, se sancionará a quienes provoquen o inciten al odio o violencia o cometan actos de discriminación hacia al personal de salud, por lo que de aprobarse la presente iniciativa, se impondría una pena privativa de libertad correspondiente al incremento en una mitad, además de hasta ciento cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de hasta trescientas UMAS.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena, señaló que “sin duda, hay miedo, psicosis entre la sociedad, pero es inadmisible que se esté atacando a quienes hoy integran la primera línea de batalla en contra del Coronavirus, ya que ellos se encuentran arriesgando sus propias vidas por salvar la del prójimo, atendiendo extenuantes jornadas de trabajo, por lo que merecen todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento por su invaluable trabajo y vocación de servicio”, añadió Cervantes de la Cruz.

“En el Grupo Legislativo de Morena les decimos gracias, gracias por sacrificar horas de sueño, tiempo con la familia, por entregarle al pueblo sus esfuerzos y por salvar millones de vidas sin importar poner en juego la propia; nuestro reconocimiento, admiración y total respaldo”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.