El diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a través del cual realizó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para la protección de los derechos de los usuarios, de la región de Huatusco ante la inconsistencia y mala calidad del servicio de telecomunicaciones, prestado por empresas particulares.

Asimismo, hizo un llamado para su restitución, o bien para que el IFT imponga las sanciones por incumplimiento de obligaciones a los concesionarios involucrados en la falla del servicio de telecomunicación.

Al respecto, el legislador señaló que ciudadanos de la zona Huatusco han indicado que desde 2020, el servicio de telefonía e internet ha sido deficiente, reflejándose en frecuentes cortes y fallas, las cuales puedes prolongarse hasta dos días para reestablecerse.

En este sentido, continuó, la Profeco, junto con el IFT, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expidieron la “Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, la cual protege a los usuarios de estos servicios.

De tal forma que en su Capítulo V, Derecho a la Calidad en el Servicio y en el Equipo Terminal, se detalla el derecho del usuario a exigir calidad en el servicio, obligando al proveedor cumplir con lo pactado en el contrato o publicidad en términos de calidad en el servicio.

Expresó que el documento también contempla que “si el servicio no es prestado conforme a la calidad y condiciones convenidas en el contrato, o por fallas o cargos indebidos por causas imputables al proveedor, se deberá bonificar al menos el 20 por ciento del monto del periodo de afectación y del precio del servicio, sin la necesidad de presentar una reclamación y sin perjuicio de ejercer las acciones legales respectivas para reclamar dicha indemnización”.

Por su parte, dijo, que corresponde a la Profeco promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones, siendo informado por el IFT, del monitoreo en cuanto a la calidad del servicio de los prestadores o concesionarios.

“El Instituto y la Profeco intercambiarán información relacionada con las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial de los concesionarios, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su competencia”, enfatizó.

Finalmente, indicó que el acceso a la información constituye una herramienta esencial en cualquier democracia, por lo que el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones.