Con relación a la iniciativa de reforma para la desaparición del esquema outsourcing, si bien es cierto que ha existido un abuso contra las finanzas del Estado, no solo en las malas prácticas del outsourcing ilegal, sino también a través de la industria de la corrupción política, enriquecimiento ilícito de funcionarios de alto nivel, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos ambientales, lavado de dinero internacional, delitos contra la salud, es necesario precisar que el Estado, a través de su legislación actual y sus instituciones, tiene toda la información, tecnología, sistemas e inteligencia para combatirlas, sancionarlas y ejecutar actos penales en su contra.

La reforma 2020 al outsourcing es ociosa, excede su regulación y la hace inoperante, abusiva y pone en riesgo el fomento a las inversiones y al empleo formal en el país.

Hoy existe la ley de seguridad nacional, ley federal contra la delincuencia organizada, código nacional de procedimientos penales, código fiscal de la Federación, ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ley de extinción de dominio que regulan las conductas constitutivas de delitos en la materia, en consecuencia existen instituciones como el SAT, Procuraduría Fiscal de la Federación, IMSS, Infonavit, la UIF, Guardia Nacional, FGR, Agencia de Investigación Criminal, Seido, entidades federativas, Fiscalía Anticorrupción, para erradicar prácticas ilegales en el país; sin embargo, al día de hoy existen procesos excesivamente lentos en las instituciones administrativas y penales, así como en todo el aparato de impartición de justicia fiscal, penal y financiera.

Los esquemas de contratación de personal en modelos conservadores facilitan el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, fomentan el empleo formal y permiten a las empresas una mayor eficiencia en sus procesos de la cadena de valor.

La propuesta de reforma que actualmente se discute en el Congreso, efectivamente debe regular el reparto de utilidades para incentivar una práctica más equilibrada para las empresas, los trabajadores y los impuestos que recauda el Gobierno, pero a mi juicio también deberían existir incentivos fiscales que fomenten el empleo formal y las inversiones de las empresas en nuestro país que equilibren la crisis económica que se vive en el mundo.