Al señalar que México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, solo detrás de Irak, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y los Organismos de derechos humanos en el país, manifestaron su preocupación por la eliminación del fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realizada por la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, en un comunicado conjunto, emitido también por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortaron al Senado de la República, para que en el análisis de la minuta sobre este tema, se abra una convocatoria donde participen todos los sectores involucrados, “con el objetivo de valorar y prevenir consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos”.

En el documento exponen que cualquier reforma al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas previsto en la Ley General de Víctimas, “debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma de abordarlos”.

Destacan que es obligación del Estado mexicano garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, así como la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos.

Los organismos destacan que durante 2019 y 2020, México ha concentrado 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo.

En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores. En lo que va del año, el organismo ha documentado el asesinato de siete personas defensoras de derechos humanos.

Por lo anterior, advierten que se observa con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborde estos aspectos, y “elimine el Fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad, por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos”.

Fuente: Excélsior