La LXV Legislatura recibió una propuesta de actualización en las atribuciones de la persona titular de Seguridad Pública, remitida a esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, mediante una Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su planteamiento, el titular del Ejecutivo considera necesario combatir las conductas que tengan por objeto encubrir o disimular el origen ilícito de los recursos, con la consecuente afectación a la economía estatal, a la dinámica social, a la administración pública y, sobre todo, a la seguridad pública, siendo de suma relevancia el establecimiento de una estrategia integral para prevenir y disminuir tal fenómeno delictivo.

Reconoce también que uno de los retos fundamentales que enfrenta la administración pública estatal es implementar y fortalecer las acciones dirigidas a mermar las estructuras financieras y el poder económico de diversos grupos criminales, dada la magnitud del daño que éstas ocasionan a la sociedad y a la economía veracruzana.

Advierte, asimismo, la necesidad de tomar como referencia el marco normativo que regula las instituciones de seguridad pública en el nivel nacional, a fin de realizar las modificaciones correspondientes a las atribuciones que son conferidas a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

En virtud de esto, la actualización a las atribuciones propuesta en la iniciativa del Gobernador son: Controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional, así como organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción social de la persona sentenciada.

Además, administrar, con estricto apego a los derechos humanos, los centros penitenciarios, así como proponer ante los órganos jurisdiccionales los beneficios preliberacionales, libertades anticipadas, sanciones no privativas de libertad y traslado de personas privadas de su libertad, así como atender las solicitudes de extradición, amnistía e indulto.

Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de prevención y reinserción social, de evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como de la suspensión condicional del proceso, de conformidad con las leyes de la materia.

También, supervisar las instalaciones de los Centros Penitenciarios, para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de los asistentes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento.

Asimismo, administrar y resguardar los Centros Especializados para Adolescentes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables.

Realizar los traslados ordenados por los órganos jurisdiccionales de las personas privadas de su libertad a los recintos judiciales en donde se celebran sus audiencias, brindándoles la seguridad y custodia en dichos recintos, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y autoridades ministeriales.

Al mismo tiempo, dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia, bajo su adscripción, para la selección de información y el desarrollo de estrategias que coadyuven en la preservación de la seguridad pública estatal.

Así como dirigir y supervisar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para generar, obtener, analizar y evaluarla información patrimonial, fiscal y económica proveniente de actividades consideradas irregulares o ilícitas por la ley, a través de la colaboración con las autoridades competentes en la materia.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad.