La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, se declaró formalmente inocente del delito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia a la que acusó de presionarla y que busca que repare un supuesto daño causado durante su gestión por 5 mil millones de pesos.
Indicó que la petición de que se le condene el pago de la reparación del daño “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.
Y apuntó: “se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”.
Lo anterior consta en su respuesta oficial a la acusación formal que realizó la FGR en su contra el 26 de agosto. Su respuesta fue entregada al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Preventivo Sur.
Para demostrar su inocencia, la exfuncionaria pidió al juez que se cite a declarar a 15 testigos, entre ellos al exoficial mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa González.
De acuerdo con su respuesta presentada el 23 de septiembre, dentro de la carpeta judicial 314/2019, Rosario Robles negó de manera categórica las acusaciones de la FGR porque dijo que se apartan de la verdad y pretenden atribuirle la responsabilidad de hechos en los que nunca ha participado.
“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal, como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, detalló.
Destacó que la acusación de la FGR es meramente de carácter político, y no jurídico, “lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.
“Hacerlo de esta forma ciudadano juez de enjuiciamiento, se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional, pues en palabras del propio Fiscal General de la República (Alejandro Gertz Manero), se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, ´por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad ´debo delatar a otros funcionarios”, puntualizó.
La exfuncionaria ofreció como medio de prueba las testimoniales de Juan Francisco Martínez Lavin, quien se desempeñó como enlace entre la Sedesol y la Auditoría Superior de la Federación (ASF); Aldo Pavón Segura, quien prestaba sus servicios para la Comisión Nacional de Vivienda, un órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y quien fuera designado de manera provisional para atender las determinaciones y los pliegos de observaciones indicados por la ASF en 2013-2016.
Asimismo, a Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Juan Carlos Lastiri Quiroz, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, Marcos Salvador Ibarra Infante y David Rogelio Colmenares Páramo.
Fuente: Milenio
