El municipio hidalguense de Tlahuelilpan, acaparó el 18 de enero de 2019 la atención de todo el país, por una explosión en un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que dejó 137 muertos, una tragedia sin precedentes cuya investigación sigue en entredicho.
El presidente municipal de la localidad, Juan Pedro Cruz Frías, reconoció un año después del desastre que el único apoyo que han recibido las víctimas y sus familiares, son algunas becas del Gobierno del estado de Hidalgo y también se han beneficiado de algunos programas sociales del Ejecutivo federal.
Además, Cruz admitió en entrevista con la agencia Efe que algunas personas no han recibido el apoyo como debería de haber sido, y lamentó el futuro de los niños que perdieron a sus padres en esa toma clandestina de Pemex que reventó por causas que aún se desconocen.
La explosión se produjo cuando centenares de vecinos aprovechaban una fuga en un oleoducto para sustraer gasolina, justo después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera declarado el combate frontal contra esta práctica.
Los vecinos, según algunos afectados por la explosión, se dirigieron al lugar de la fuga animados por la cantidad de combustible que emanaba, visible desde muchos puntos de la localidad, y no porque el hurto de gasolina fuera su modo de vida.
“Yo lo viví”, contó Guadalupe Barrera Jiménez, que perdió a seis familiares.
“Hablé con un familiar todavía antes de que viniera a la toma. Nosotros le dijimos que no viniera”, relató.
La mujer explicó que por suerte pudo identificar a sus parientes fallecidos y darles sepultura, algo para lo que las autoridades le ayudaron económicamente, pero reveló que cree que la cifra de víctimas es muy superior a lo reportado.
“Uno de mis hermanos vino en el momento y dijo que había muchos, muchos cuerpos calcinados y yo siento que fueron más de 500 personas que fallecieron”, manifestó Barrera muy cerca de la zona cero.
Esta zanja está ahora cubierta de arena, sin que se haya aclarado cuántos cadáveres quedaron bajo la tierra, según han denunciado algunos habitantes.
Óscar Cruz, propietario de una funeraria en el vecino pueblo de Mixquiahuala de Juárez, recibió el llamado del Gobierno para ayudar en las tareas de levantamiento de los restos de los fallecidos, y manifestó que eran muchísimos cuerpos.
“Nos pidieron apoyo a nosotros y a otras dos funerarias para hacer el levantamiento con nuestras unidades, las carrozas y los equipos de traslado”, reveló, aunque luego los análisis de ADN se realizaron en Tula, a donde se llevaron los restos.
La finca donde se produjo el estallido, que era propiedad de Pemex, está hoy ocupada por mausoleos y cruces improvisadas, hechas por los familiares en un terreno que les iba a ser cedido, aunque ahora mismo no está muy claro a quién pertenece.
A un año de la tragedia, todavía hay gente que, desasistida por las autoridades, sigue buscando por su cuenta a sus familiares desaparecidos.
Fuente: Agencias