El Senado de la República avaló, en lo general y particular, cambios a la Ley General de Bienes Nacionales para que el acceso y tránsito en las playas de México sea libre.

El proyecto de decreto se avaló por unanimidad de 107 votos a favor y se remitió al Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, establece que se multará con 3 mil a 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (260 mil 640 a un millón 042 mil 560 pesos) a los propietarios de terrenos colindantes y a los titulares de concesiones, permisos u autorizaciones que por cualquier medio o acto impidan el acceso a las zonas marítimas.

«Las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todos puedan disfrutarlas. Existen denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las zonas», señaló la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, de Morena.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, refirió que el litoral mexicano tiene una extensión de 11 mil 592 kilómetros, lo que lo coloca en el quinto lugar en América y el treceavo a nivel mundial; consideró que el disfrute público de las playas constituye “un patrimonio invaluable al cual todas las personas deben tener acceso libre y sin restricciones”.

De Acción Nacional, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, señaló que este dictamen propone condiciones jurídicas para poner freno al “trato injusto” que impide el uso y goce de las playas mexicanas; de igual manera, le otorga a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el papel de mediadora para resolver los conflictos derivados del libre acceso a las zonas marítimas, en los casos donde no existan vías públicas o accesos.

En cambio, para la senadora del PT, Alejandra del Carmen León Gastélum, la industria hotelera y los condominios hostigan regularmente a las personas que llegan a las playas sin ser sus clientes, por lo que es “fundamental acabar con este abuso y flagrante fraude a la Constitución”.

Fuente: El Financiero